El fondo E, considerado el más conservador del sistema previsional chileno, acumuló una caída real de 10,39% entre enero y septiembre. El Senado exigió explicaciones sobre las decisiones de inversión y las responsabilidades de las administradoras. La Superintendencia había advertido sobre los riesgos desde 2024.

Las administradoras de fondos de pensiones (AFP) de Chile enfrentan una de sus mayores controversias recientes luego de que operaciones con derivados financieros vinculados a las tasas de interés internacionales provocaran pérdidas de valoración por miles de millones de dólares. El caso llegó este martes al Senado, donde parlamentarios de distintos sectores exigieron determinar responsabilidades y analizar posibles compensaciones para los afiliados.

Según informó el superintendente de Pensiones, Joaquín Cortez, las pérdidas de valoración de los contratos conocidos como swaps alcanzaban US$10.064 millones al 30 de septiembre, considerando los cinco multifondos. Sin embargo, al 20 de octubre se habían reducido a US$6.995 millones, como consecuencia de movimientos favorables en las tasas internacionales.

Estas cifras corresponden a pérdidas de valor de mercado de los instrumentos financieros y no necesariamente a pérdidas definitivas. Su magnitud puede modificarse mientras los contratos permanezcan abiertos.

El impacto más visible se registró en el fondo E, destinado principalmente a inversiones de menor riesgo y utilizado por numerosos trabajadores próximos a jubilarse. Entre enero y septiembre perdió un 10,39% real, mientras que el fondo D retrocedió aproximadamente un 6,3%.

La controversia se originó en operaciones mediante las cuales las AFP quedaron expuestas a una baja de las tasas de interés estadounidenses. Pero las tasas subieron, deteriorando el valor de esos instrumentos.

Uno de los aspectos más delicados es que la Superintendencia había advertido desde 2024 sobre los riesgos de estas estrategias. El organismo inició procedimientos sancionatorios contra las siete AFP para investigar eventuales incumplimientos de sus obligaciones de diligencia y lealtad.

Durante la sesión del Senado, el legislador Daniel Núñez reclamó que las administradoras devolvieran los recursos perdidos, mientras otros parlamentarios plantearon revisar también la responsabilidad del regulador.

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, señaló que deberán aplicarse las sanciones y reparaciones previstas por la legislación si se acreditan incumplimientos.

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, solicitó al Ejecutivo un informe dentro de 30 días sobre las causas de las pérdidas, sus posibles efectos en las pensiones y las medidas de protección necesarias.

“Si se comprueban responsabilidades, deben aplicarse las sanciones correspondientes. Los cotizantes merecen respuestas”, dijo.

Fuentes: Superintendencia de Pensiones, Senado de Chile, Emol, Diario Financiero, Bloomberg y El Mostrador. Información al 28 de octubre de 2026.