El próximo 14 de octubre, el Centro Cultural La Moneda, en Santiago, será escenario del VI Encuentro de Áreas Protegidas y Comunidades Portal. La actividad conmemorará los 100 años del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales y reunirá a funcionarios del Gobierno, autoridades regionales, empresarios y organizaciones ambientalistas nacionales e internacionales.

Entre los organizadores aparece The Pew Charitable Trusts, una de las organizaciones que promueven mayores restricciones a determinadas actividades productivas en áreas protegidas de la Patagonia chilena.

La presencia de Pew junto a organismos públicos plantea una contradicción que excede el encuentro. Mientras las organizaciones conservacionistas impulsan políticas de protección que pueden limitar actividades económicas, el Estado tiene la obligación, pensando en sus ciudadanos, de compatibilizar la conservación ambiental con el desarrollo de las regiones australes.

El encuentro contará con la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo; el director del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), Tomás Saratscheff; y el gobernador de Magallanes, Jorge Flies.

La participación de Flies resulta especialmente significativa. Magallanes concentra buena parte de las controversias entre la industria salmonera y organizaciones ambientalistas como Pew, Rewilding Chile —vinculada al legado de Douglas Tompkins— y sectores asociados a la marca estadounidense Patagonia INC.

En esta región, la discusión no se limita a la salmonicultura. En las áreas protegidas y sus alrededores también se desarrollan actividades de pesca, navegación, transporte marítimo y turismo, sujetas a distintos regímenes legales.

El problema es determinar bajo qué condiciones pueden continuar esas actividades y quién tiene atribuciones para decidirlo.

En la actualidad más de 8000 personas trabajan en Magallanes de manera directa e indirecta en la salmonicultura. Una actividad que además representa más de USD 650 millones en exportaciones. La actividad vino a dinamizar fuertemente las vías de comunicación, a través de los viajes durante todo el año de aerolíneas hacia Puerto Natales para trasladar cargamento, y la propia economía de la región.

Contraloría General de la República se pronunció recientemente sobre la influencia de organizaciones extranjeras o foráneas por sobre las necesidades y decisiones del Estado nacional. En su dictamen D419N26, del 17 de septiembre de 2026, examinó un memorándum suscrito entre organismos estatales y organizaciones conservacionistas para colaborar en la elaboración de planes de administración de parques y reservas marinas.

El organismo fiscalizador concluyó que varias acciones comprometidas excedían una colaboración general. Estableció que las instituciones públicas deben conservar sus competencias y que las entidades privadas pueden aportar información, pero no asumir directamente funciones públicas ni conducir procesos participativos mediante simples acuerdos de colaboración.

La resolución ordenó regularizar la situación y garantizar una participación amplia e imparcial.

Esto no significa que las ONG tengan prohibido participar en actividades públicas o colaborar con el Estado. La distinción es otra: colaborar en conservación no equivale a administrar decisiones que corresponden a las autoridades.

La propia Ley 21.600, en su artículo 67, establece que la administración de las áreas protegidas estatales corresponde al SBAP, aunque contempla mecanismos regulados de colaboración.

Durante el encuentro se presentará el Plan Estratégico del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, con horizonte hasta 2040.

En ese contexto, la presencia de Flies tendría que ofrecer una oportunidad para plantear las preocupaciones productivas de Magallanes. La conservación de la Patagonia es un objetivo compartido, pero su administración también involucra empleos, inversiones y comunidades que dependen de actividades económicas.