La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de Chile puso en consulta pública una normativa que obligaría a presentar la cédula de identidad para realizar depósitos en efectivo iguales o superiores a un millón de pesos chilenos. La exigencia alcanzaría a bancos, cooperativas de ahorro y crédito y emisores no bancarios de tarjetas de pago.

La medida, anunciada el 27 de octubre, también permitiría a las instituciones financieras solicitar identificación para operaciones por montos inferiores, según sus políticas internas.

El organismo explicó que los cambios buscan mejorar la trazabilidad del dinero, especialmente cuando quien realiza el depósito no es el titular de la cuenta.

En su comunicado oficial, la CMF señaló: "Los ajustes tienen como objetivo mejorar la trazabilidad de las operaciones en efectivo, en especial cuando éstas son realizadas por personas distintas de los titulares de las cuentas destinatarias, y facilitar las investigaciones y los procesos judiciales correspondientes".

Las dificultades de la Justicia

La propuesta responde a un problema detectado por el Ministerio Público: actualmente, las personas pueden efectuar determinados depósitos sin acreditar suficientemente su identidad.

La Fiscalía advirtió que existen mecanismos de verificación deficientes, incluyendo formularios completados con nombres falsos o incompletos. Estas irregularidades dificultan reconstruir movimientos financieros durante investigaciones criminales.

El problema también comprende los dispositivos automatizados: según antecedentes recogidos por la CMF, el 82% de los terminales que reciben depósitos en efectivo carece de mecanismos de verificación de identidad.

El contexto explica la preocupación oficial. Durante 2024, la Unidad de Análisis Financiero recibió 17.417 reportes de operaciones sospechosas, mientras aproximadamente el 74% de los reportes de operaciones en efectivo superiores a US$10.000 correspondió al sector bancario.

La iniciativa integra la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo 2023-2027.

Para los ciudadanos, el cambio significaría acreditar su identidad al depositar efectivo por los montos establecidos, incluso cuando el dinero se destine a cuentas de terceros.

La consulta pública permanecerá abierta durante cuatro semanas. De aprobarse, la normativa comenzaría a regir durante el tercer mes posterior a su publicación.