Una cuantiosa suma de capital privado permanece detenida en la Región de Magallanes producto de la parálisis administrativa del Estado. Proyectos pertenecientes al sector salmonero, que ya aprobaron rigurosamente su evaluación ambiental y ostentan su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable, se mantienen frenados sin poder ejecutar sus obras.

Se trata de un paquete de 22 iniciativas para centros de cultivo y dos infraestructuras industriales, cuyos presupuestos originales declarados ante el Servicio de Evaluación Ambiental sumaban US$ 159,6 millones, pero que según estimaciones actualizadas del gremio alcanzarían un desarrollo de entre US$ 200 millones y US$ 270 millones.

La paralización productiva abarca 440,61 hectáreas destinadas a la acuicultura en sectores definidos formalmente como aptos para dicha actividad entre los años 2011 y 2012. En términos operativos, la puesta en marcha de estas concesiones significaría añadir 111.083 toneladas a la producción regional de salmón y la creación de más de 1.500 empleos directos e indirectos en la zona austral.

A los centros marinos se suman dos instalaciones industriales clave en tierra, como una piscicultura valorada en US$ 55 millones con capacidad para aportar 16.000 toneladas anuales y una planta de tratamiento de residuos en Cabo Negro cuya inversión asciende a US$ 60 millones.

Los nudos administrativos que congelan las inversiones

El nudo ciego que frena el despliegue de esta infraestructura responde a dos trámites estatales inconclusos. El primer obstáculo es la solicitud del Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (ECMPO) Kawésqar Última Esperanza, iniciada en 2018 sobre 274.000 hectáreas, la cual activa el congelamiento de solicitudes superpuestas según lo estipulado en la Ley Lafkenche mientras Conadi tramita la acreditación de usos. Esta medida mantiene trabadas 14 concesiones que representan cerca de 68.000 toneladas de producción.

El segundo factor limitante es el Plan de Manejo de la Reserva Nacional Kawésqar, área protegida creada en enero de 2019 que otorgaba un plazo legal de 18 meses para redactar dicho instrumento regulatorio. A más de seis años de vencido ese límite, el documento continúa sin concretarse, imposibilitando la entrega de concesiones al exigirse legalmente este plan más un informe del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, afectando directamente a otras 10 concesiones equivalentes a 54.000 toneladas.

Consecuencias directas en el empleo y la competitividad regional

El estancamiento de estas inversiones no solo compromete la certeza jurídica del sector, sino que genera un efecto directo en el dinamismo económico del extremo sur del país. Al no materializarse los proyectos de cultivo e infraestructura aprobados, la región deja de percibir ingresos significativos en materia de tributación local, prestación de servicios logísticos y encadenamientos productivos con proveedores locales de la zona.

Esta inmovilidad también afecta la competitividad de la industria acuícola nacional frente a mercados internacionales, al restar volumen de exportación de alto valor agregado que ya contaba con autorización ambiental. La postergación indefinida de las obras imposibilita la modernización tecnológica y la ampliación de capacidad operativa en zonas previamente calificadas como idóneas por la propia regulación estatal.

El llamado del sector productivo frente a la incertidumbre

Frente a este escenario, los gremios productivos de la zona han expresado su preocupación por la falta de certezas sobre los plazos y mecanismos del Ejecutivo para resolver los trámites pendientes. La falta de un itinerario claro por parte de los organismos gubernamentales mantiene en suspenso decisiones operativas y presupuestarias estratégicas para el desarrollo de la acuicultura en Magallanes.

La prolongación indefinida de estos procesos estatales retrasa la consolidación económica regional y restringe el impacto social y laboral de la industria en las comunidades locales de Magallanes. Por ello, desde el sector insisten en la urgencia de establecer una mesa de trabajo articulada que permita destrabar los permisos pendientes, cumplir con las exigencias legales en los plazos correspondientes y reactivar el flujo de inversiones en la zona austral.