La industria salmonicultora de la Región de Magallanes enfrenta un escenario marcado por la incertidumbre y la falta de inversión, derivado de una serie de nudos administrativos que mantienen paralizadas 24 solicitudes de concesión pese a contar con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable desde hace años. Desde el sector productivo advierten que el estancamiento no responde a vacíos legales, sino a la ausencia de gestión y celeridad del Ejecutivo para resolver trámites pendientes.
El problema se arrastra tras el acuerdo territorial alcanzado en 2010 —instancia donde se desafectó el 60% de las áreas apropiadas para la acuicultura en consenso con pescadores artesanales, comunidades indígenas y el sector turismo—. Modificaciones posteriores en las categorías de conservación terminaron bloqueando el avance de iniciativas que ya habían superado la exigente evaluación ambiental bajo reglas del juego conocidas por todos los actores.
Las urgencias y los nudos administrativos
Actualmente, la región mantiene detenido un potencial productivo cercano a las 120.000 toneladas, atrapado en dos cuellos de botella institucionales que requieren resolución urgente:
- Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO): Existen 14 solicitudes de concesión aprobadas ambientalmente (equivalentes a 66.000 toneladas) que siguen detenidas a la espera de informes técnicos que sufrieron largos retrasos por falta de personal estatal, aunque tras la reciente contratación de dos profesionales se proyecta que los antecedentes puedan estar disponibles en diciembre.
- Planes de manejo en áreas protegidas: Otras 10 concesiones con RCA aprobada (52.000 toneladas) permanecen paralizadas debido a que el Estado aún no elabora el plan de manejo correspondiente para la reserva nacional donde se emplazan.
Esta parálisis se traduce en un freno directo a la inversión y al empleo regional, ya que están detenidos proyectos por US$30 millones, incluida una planta de tratamiento de residuos ya aprobada ambientalmente, además de entre 1.500 y 2.000 puestos de trabajo que no han podido concretarse. A ello se suma que diversas plantas de proceso locales operan actualmente a medio turno, encareciendo los costos operativos y golpeando a toda la cadena de proveedores, servicios y emprendimientos magallánicos.
Qué se necesita y la hoja de ruta
Para revertir este escenario en el corto plazo, la industria plantea que no se requieren reformas legales ni cambios normativos de fondo, sino voluntad política, certezas y tiempos acotados para despachar las etapas administrativas de los proyectos que ya cuentan con aprobación ambiental vigente.
De cara al mediano y largo plazo, el sector propone una hoja de ruta orientada a ordenar el territorio sin reducir las superficies de protección ambiental. El planteamiento apunta a reconfigurar y desplazar las áreas de conservación hacia otros sectores, resguardando las zonas previamente acordadas para el desarrollo acuícola.
Dicho camino contempla cumplir con todos los estándares institucionales —participación ciudadana, consulta indígena, revisión del Consejo de Ministros y el informe de un comité científico—, aunque desde el rubro advierten que este último organismo ni siquiera ha sido constituido por el Estado debido a la falta de un reglamento. Mientras estos nudos no se despejen, la región sigue postergando el desarrollo de una actividad donde 47 de sus 50 centros operativos ya cuentan con certificación internacional de sostenibilidad ASC.
