Un nuevo flanco político y diplomático se abrió en torno a la inminente ruta comercial marítima entre la Región de Magallanes y las Islas Malvinas/Falkland. De manera sorpresiva el ministro vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, entregó una definición que encendió las alarmas en el mundo diplomático y marítimo al afirmar que las embarcaciones privadas sí deben solicitar autorización para operar en dicho trayecto.
Durante su habitual vocería desde el Palacio de La Moneda, y al ser consultado por las presiones de Buenos Aires respecto al buque carguero chileno Danstar —operado por la naviera privada Easter Island—, Arenas intentó separar la responsabilidad del Estado de la de los operadores comerciales:
“El Estado de Chile no tiene que pedir permiso, el que tiene que pedir permiso es el buque. Los barcos que van hacia Malvinas son los que tienen que pedir permiso para atracar en Malvinas, no el Estado de Chile y, por lo tanto, se tendrán que cumplir con todas las obligaciones que correspondan por parte de un barco privado”, señaló el secretario de Estado.
Ruido con la Cancillería y los tratados vigentes
Las palabras del vocero descolocaron a analistas y exautoridades, quienes advierten que la declaración debilita la posición jurídica de Chile en la zona austral.
Hasta ahora, el Ministerio de Relaciones Exteriores —encabezado por el canciller Francisco Pérez Mackenna— había mantenido una línea firme en defensa del derecho a la libre navegación consagrado en el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984, sosteniendo que el tránsito por el Estrecho de Magallanes y sus accesos orientales no está sujeto a autorizaciones de terceros Estados.
Sin embargo, la tesis esbozada por Arenas parece ceder terreno frente a la exigencia planteada la semana pasada por el canciller argentino, Pablo Quirno, quien invocó el polémico Decreto 256 (dictado en 2010 en Argentina) para exigir que toda embarcación que transite entre puertos continentales y las Malvinas pida permiso previo a las autoridades trasandinas.
Impacto directo en Punta Arenas
El debate tiene repercusión directa en la capital magallánica. El buque Danstar ya se encuentra atracado en Punta Arenas ultimando los preparativos logísticos para iniciar en diciembre sus viajes regulares de abastecimiento y carga hacia el archipiélago del Atlántico Sur.
Para diversos sectores regionales, validar la idea de que un armador privado chileno deba someterse a permisos administrativos extranjeros para zarpar desde Magallanes hacia aguas internacionales no solo encarece y traba el desarrollo portuario local, sino que sienta un peligroso precedente sobre la soberanía y el libre tránsito en el extremo austral.
El respaldo jurídico internacional: Convemar y Tratado de Paz y Amistad de 1984
Más allá del debate político contingente, el estatus jurídico de las aguas australes y el derecho de tránsito de embarcaciones privadas como el Danstar están estrictamente regulados por el derecho internacional público, combinando normas globales y bilaterales que resguardan la libre circulación.
A nivel global, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) regula extensamente el "paso inocente" por el mar territorial (Parte II, artículos 17 al 26) y en los estrechos utilizados para la navegación internacional (Parte III, Sección 3). Según explica el abogado, árbitro y profesor de derecho marítimo José Antonio Pejovéz en la revista Mundo Marítimo, el artículo 17 de la Convemar establece de manera categórica que "los buques de todos los Estados, sean ribereños o sin litoral, gozan del derecho de paso inocente a través del mar territorial".
En el plano bilateral, la declaración interpretativa de Chile al ratificar la Convemar subraya la plena vigencia del Tratado de Paz y Amistad de 1984, cuyo Anexo N° 2 fija reglas específicas de reciprocidad y tránsito sin obstáculos en la zona austral:
- Estrecho de Le Maire: El texto reafirma explícitamente que "el tráfico marítimo chileno hacia y desde el norte por el Estrecho de Le Maire goza de las facilidades que se establecen en el artículo 10 del anexo Nº 2 del Tratado de Paz y Amistad de 1984", garantizando así el paso hacia y desde el Atlántico sin quedar sujeto a permisos discrecionales.
- Aguas interiores y Canal Beagle: En contrapartida y bajo el principio de reciprocidad pactado en 1984, Chile otorga facilidades de navegación a Argentina y a buques de terceras banderas por rutas específicas de sus aguas interiores (artículos 1 al 9 del Anexo N° 2) y regula el pilotaje en el Canal Beagle (artículos 11 al 16).
- Líneas de base y reciprocidad: Chile mantiene la plena validez del Decreto Supremo N° 416 de 1977 sobre sus líneas de base rectas y se reserva el derecho de aplicar medidas restrictivas equivalentes en caso de que algún Estado imponga limitaciones al paso inocente.
De este modo, tanto el marco de la Convemar como los compromisos bilaterales vigentes en 1984 confirman que el tránsito marítimo comercial por estas rutas estratégicas responde a regímenes pactados de libre navegación, y no a autorizaciones unilaterales como las que pretende exigir Buenos Aires mediante su normativa interna.
