La Contraloría General de la República puso la alerta sobre el paradero de al menos 64 niños haitianos. Se encendieron muchas alarmas, algunas con legítima preocupación y otras buscando rédito político o simplemente un responsable a quien culpar, cayendo en la liviandad y hasta en la falsedad de ciertos argumentos. La primera reacción generalizada fue encontrar a los niños y unos pocos intentaron sacar ventajas. Sin embargo, a los pocos días la cordura y la evidencia redefinió el objetivo y se empezó a hablar de identificar, ubicar y consolidar la información necesaria para determinar sin demora si existen niños y niñas haitianas cuyo paradero se desconoce o cuyos derechos hayan sido vulnerados en el proceso.


Producto de la irresponsabilidad de algunos personajes políticos y el afán de aparecer en las noticias, los primeros días se instaló y generalizó la idea de que hay cientos de niños "desaparecidos" y probablemente en manos del crimen organizado. Sin embargo, la evidencia disponible nunca respaldó esa tesis. No existe una sola denuncia de un padre o una madre, ni en Haití ni en Chile, que diga que su hijo se perdió o que no sabe dónde está. Tampoco hay antecedentes serios de redes de tráfico de órganos, prostitución infantil o explotación laboral que sostengan el escenario más alarmista que ha circulado. Lo que sí hay, y es grave por sí solo, es un sistema de reunificación familiar que operó por años con controles débiles, sin verificación real de los vínculos entre adultos y menores, y sin que las instituciones se coordinaran entre ellas.


Resumo como entendí los hechos. La Contraloría, de una muestra de poco más de cien casos revisados, concluyó que una parte importante de los menores no fueron encontrados en los domicilios declarados al ingresar al país: cités, colegios, direcciones que muchas veces correspondían a lugares reales pero que nunca fueron validados por nadie. De ahí todo creció como bola de nieves y un diputado republicano instaló la idea de 200 niños desaparecidos. Y aquí hay que ser enfáticos: No haber podido confirmar un domicilio no es lo mismo que un niño desaparecido y al parecer nadie se tomó el trabajo de comprobarlo. Ahí está el problema de fondo. El hecho concreto es que hubo adultos, chilenos y extranjeros, que entraron al país varias veces como responsables de numerosos grupos de menores sin ningún vínculo familiar verificado ni autorización legal que respaldara esa responsabilidad. Eso debió prender las alarmas desde el primer vuelo y no después de veinte. La policía revisaba sellos, migraciones miraba pantallas, y en esa rutina burocratizada, sin cruce de información ni las preguntas correspondientes, el sistema falló en su deber de protección de la infancia.


Un segundo error es la displicencia institucional, sostenida en el tiempo. La Defensoría de la Niñez y el Congreso enviaron oficios advirtiendo irregularidades, y nunca tuvieron respuesta. Hubo también una decisión administrativa que flexibilizó trámites migratorios y facilitó el ingreso masivo de menores, sin reforzar los mecanismos de verificación. Lo que vino después era previsible: una PDI que no contrastó vínculos familiares, un Servicio Nacional de Migraciones con falencias en la revisión de antecedentes, una Mejor Niñez sin mecanismos eficaces para compartir información o monitorear a estos menores una vez que ingresaron al territorio nacional. Cada institución mirando su propia parcela, sin una conexión que las coordinara. Desidia administrativa con consecuencias reales sobre niños y niñas reales.


Frente a esto, lo más irresponsable que podemos hacer es quedarnos en los extremos, ya sea vociferando que hay una mafia internacional secuestrando niños, sin evidencia que lo sustente, o minimizar el problema y no hacer nada porque nadie denunció. Ninguna de esas dos posturas ayuda a los menores. Lo que corresponde es reconocer que no hay antecedentes de desaparición masiva ni delitos de trata confirmados a esta escala, y al mismo tiempo exigir que el Estado determine, uno por uno, dónde está cada menor cuyo domicilio no pudo validarse, y que la Fiscalía siga investigando con seriedad las denuncias que ya están en curso de tráfico de personas y falsificación de documentos. Porque aún hay que descartar si hubo corrupción o lucro en el traslado o la tramitación. ¿Quién organizaban los chárteres y quienes los financiaban? Por último, hay que buscar la forma de sancionar a todos aquellos politiqueros irresponsables que usan malintencionadamente casos como estos para sacar pequeños dividendos políticos o para “golpear” a sus rivales.


Las medidas anunciadas (el protocolo fronterizo que exige autorización parental verificada y la fuerza de tarea para localizar a los menores con paradero desconocido) van en la dirección correcta. Sin embargo, llegan tarde para los niños que ya entraron bajo esas condiciones, y van a quedar cortas si no se acompañan de algo más estructural. Las bases de datos de la PDI, el Servicio de Migraciones, Mejor Niñez y la Fiscalía se deben comunicar en tiempo real, y alguien debe responder cuando una alerta se active, así no vuelve a quedar archivada sin respuesta. Porque lo que falló acá no fue sólo un trámite o una firma, fue la coordinación entre quienes debían hacer la pega para proteger a los menores, y no la hicieron.