En Magallanes, el debate sobre la Zona Franca suele encerrarse en un bucle predecible, dominado por el monto del canon, la repartición del dividendo y la foto anual entre la administración de turno y la autoridad regional. Sin embargo, a medida que el reloj avanza hacia el fin de la actual concesión en 2030, centrar la discusión únicamente en la fiscalización del cheque reduce de forma peligrosa el verdadero alcance estratégico que este recinto tiene para el desarrollo futuro de la región.

Mirar el estado actual del recinto comercial con pragmatismo exige reconocer un dato objetivo: la administración de Sociedad de Rentas Inmobiliarias logró consolidar un espacio que dejó de ser un simple conjunto de galpones de depósito para transformarse en polo de dinamismo comercial, social y de servicios de Punta Arenas. El crecimiento del módulo central, la llegada de nuevas franquicias, la generación de empleo directo e indirecto y la inyección permanente de recursos al presupuesto regional son activos concretos que le han dado escala y estabilidad al sistema durante las últimas décadas.

Pero la consolidación del presente no garantiza la relevancia del futuro. Si la actual concesionaria —o quien aspire a tomar el relevo en la próxima licitación— pretende liderar las siguientes décadas, la estrategia no puede seguir cimentándose únicamente en el retail tradicional o en el flujo de caja del comercio minorista. El modelo enfrenta un cambio de época que exige una transformación en sus pilares operativos y conceptuales.

El primer gran salto hacia adelante pasa por resolver la urgencia del e-commerce regional. El comercio transfronterizo y las plataformas digitales cambiaron las reglas del consumo, por lo que una Zona Franca moderna no puede seguir operando como una isla análoga en un mundo interconectado. La integración de una plataforma de comercio electrónico unificada debe permitir a los locatarios proyectar sus exenciones tributarias más allá del mostrador físico, facilitando la logística interna y el alcance dentro de la Patagonia.

A la par de la digitalización, la sostenibilidad y la transición hacia una matriz limpia se vuelven innegociables. Un recinto que congrega el mayor flujo vehicular y peatonal de la ciudad no puede mantenerse al margen de los estándares ambientales contemporáneos. La futura concesión debe incorporar un compromiso radical con la eficiencia energética, la gestión de residuos masivos a escala industrial y la infraestructura para la electromovilidad, aprovechando la escala del predio para transformarlo en un parque comercial con huella de carbono neutral.

Asimismo, el verdadero valor estratégico del régimen franco no se agota en la venta de tecnología o vestuario, sino en su capacidad para agregar valor productivo. Con un horizonte energético, la logística antártica y los servicios globales instalándose progresivamente en Magallanes, la Zona Franca debe reorientar su capacidad instalada para incubar Pymes tecnológicas, centros de ensamblaje ligero y servicios logísticos avanzados que sirvan de soporte real a las industrias del futuro.

Finalmente, el cumplimiento de la finalidad pública no puede seguir siendo una consigna abstracta para la polémica entre los políticos de turno. La rentabilidad social se demuestra mediante indicadores clave de desempeño socioeconómico abiertos a la comunidad, un monitoreo continuo de la satisfacción del usuario y una política permanente de modernización de los espacios comunes, devolviendo en bienestar urbano lo que los magallánicos invierten a diario en el recinto.

El contrato vence en 2030, pero el modelo debe ajustarse mucho antes. La discusión madura no pasa por dinamitar lo avanzado ni por conformarse con el cobro automático del canon, sino por exigir que la Zona Franca deje de ser vista como una simple caja administradora y se consolide, de una vez por todas, como la plataforma de innovación y competitividad que Magallanes necesita para las próximas décadas.