El cargo de ministro de Hacienda suele ser uno de los menos populares ante la ciudadanía. No es casual: quien lo ocupa administra los recursos públicos, impone restricciones y, muchas veces, responde con negativas a demandas urgentes de personas que necesitan apoyo del Estado. Por eso, no sorprende que Jorge Quiroz genere rechazo en una parte importante de los chilenos, especialmente entre quienes esperan mejoras reales en sus condiciones de vida.


Su función lo coloca en una posición difícil, pero esa dificultad no justifica la distancia ni la frialdad con que se han enfrentado las preocupaciones de la ciudadanía. En el caso de Quiroz, la crítica supera con creces las incomodidades propias del cargo. El tono de sus declaraciones ha sido poco empático, insensible, agresivo e incluso insolente desde el inicio de su gestión.


Su actitud, marcada por la arrogancia y por una evidente desconexión con los problemas que golpean a miles de ciudadanos, no solo deteriora la imagen del Gobierno: también clausura cualquier posibilidad de diálogo serio con quienes sufren las consecuencias de sus decisiones. La reacción es muy distinta entre los grandes capitales y ciertos sectores empresariales.


Allí, Quiroz es observado con simpatía, porque su orientación económica parece favorecer estímulos, rebajas tributarias y condiciones que incrementan la rentabilidad privada. Se configura así una contradicción evidente: mientras una parte significativa de la ciudadanía ve en su gestión una amenaza para sus condiciones de vida, determinados grupos económicos la celebran como una oportunidad para proteger y ampliar sus beneficios. Pero el problema no termina en el ministro. Quiroz no actúa en el vacío: fue designado para ejecutar una misión política concreta y la cumple conforme a las instrucciones recibidas y a sus propias convicciones. Por lo tanto, la responsabilidad principal por estas medidas recae en la máxima autoridad del país y en el proyecto político que sostiene esta administración.


El problema de fondo es que muchas personas que depositaron su confianza en José Kast no dimensionaron con claridad las verdaderas implicancias de su programa de gobierno. Una parte importante de sus votantes, agotada por el clima de violencia que afecta al país, priorizó la promesa de seguridad sin ponderar suficientemente sus consecuencias económicas y sociales. Hoy, esa omisión comienza a hacerse evidente con fuerza. En materia de seguridad, sin embargo, la evaluación es distinta: el ministro Arrau parece reunir condiciones para avanzar, especialmente porque ha mostrado disposición al diálogo y dio continuidad a políticas de la administración anterior, lo que constituye una señal relevante de responsabilidad institucional.


En cambio, respecto de las condiciones de vida de los chilenos —especialmente de la clase media y la clase media emergente— el panorama es francamente alarmante. El deterioro económico avanza y golpea áreas esenciales como salud, vivienda y educación. No es casual que los ministros de esas carteras hayan reducido notoriamente sus intervenciones públicas: el silencio también comunica, y en este caso revela la incomodidad de un Gobierno que carece de respuestas sólidas para las necesidades más urgentes de la población. Dar esperanza no se logra con consignas ni con ajustes contables; exige políticas públicas robustas y un Estado moderno, transparente, eficiente y con verdadera capacidad de acción.


Ese enfoque, lamentablemente, no forma parte del ideario de la derecha más radical, que insiste en reducir el Estado a su mínima expresión y en transferir crecientemente funciones públicas a empresas privadas. El Gobierno de Kast critica las deficiencias del sector público, pero se niega a asumir lo esencial: el Estado no debe ser desmantelado, sino modernizado, optimizado y fortalecido.


Sin un Estado capaz de proteger derechos básicos y corregir desigualdades, no habrá mejora real para la ciudadanía menos privilegiada. La llamada “teoría del chorreo” no funciona y no funcionará, porque quienes concentran la riqueza rara vez la distribuyen por voluntad propia; por el contrario, casi siempre buscan acumular más.