Un CAE sin reforma, pero con cobranza [Por Juan Marcos Henríquez]
El Crédito con Aval del Estado no fue una elección libre sino la única opción para la clase media que no calificaba para la gratuidad o Fondo Solidario. El problema actual no es la irresponsabilidad de las personas, sino un sistema defectuoso donde la deuda total supera los 4 billones de pesos y se ha multiplicado por ocho desde 2018. La promesa más sentida del gobierno de Gabriel Boric fue terminar con ese sistema; sin embargo, su propuesta tardía, el Fondo de Educación Superior, no alcanzó a convertirse en ley antes del cambio de mando. Lo que quedó, en su lugar, no fue un sistema mejor, ni siquiera las mismas condiciones de antes, sino más de 550 mil personas endeudadas que creyeron en la condonación.
El incumplimiento de la promesa provocó un daño profundo porque generó una falsa sensación de seguridad que dejó a miles de personas en una mayor vulnerabilidad. Muchos deudores, confiados en la condonación prometida que nunca llegó, dejaron de pagar sus cuotas mensuales de buena fe. Al no tramitarse la reforma oportunamente y sin la urgencia necesaria, este enorme grupo de profesionales quedó totalmente desprotegido frente y expuesto a las acciones de cobranza más agresivas del Estado por parte de una nueva administración, con otra postura.
La pregunta con el cambio de mando era si ¿el nuevo ciclo político tendrá la altura de miras necesaria para recoger los consensos alcanzados y transformar la frustración legislativa en una política de Estado? La respuesta de Kast fue en sentido contrario. El gobierno de Kast decidió aprovechar el vacío legal y la falta de reforma para aplicar la vía más dura, manteniendo el CAE y persiguiendo a los morosos. Tres meses después, la Tesorería General de la República, por instrucción del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ejecutó embargos sin previo aviso y vació las cuentas de familias completas.
La medida de retener y embargar fondos en cuentas bancarias de deudores del CAE presenta dudas técnicas, legales y éticas significativas. Aunque la TGR tiene facultades para cobrar deudas fiscales mediante retención, la Constitución chilena y el Código Orgánico de Tribunales exigen generalmente una resolución judicial para embargar bienes de particulares, lo que cuestiona la validez del procedimiento administrativo directo que expertos jurídicos señalan como complejo y marginal en la práctica. El aval del Estado no elimina la necesidad de seguir el debido proceso. De hecho, la Corte de Apelaciones de Arica ya acogió un recurso y frenó el cobro de una deudora tras estimar que la TGR no puede aplicar el mismo procedimiento de los impuestos a estos créditos educativos, lo que levanta serias dudas sobre la legalidad de los embargos.
El problema se agrava porque los bancos no distinguen entre el sueldo depositado y los ahorros al acatar la orden de embargo, a pesar de que la ley dice que las remuneraciones son inembargables hasta cierto tope. Las personas quedan sin recursos para gastos básicos como alimentación, vivienda y servicios, eliminando hasta el último peso de sus cuentas y sin liquidez para regularizar la deuda, lo que aumenta el monto por intereses. Algunos deudores han optado por recibir pagos en efectivo para evitar nuevas retenciones. Lamentablemente, personas que simplemente no pudieron pagar una deuda inflada por los intereses de la UF (y más agrandada después del “bencinazo” de Kast) ahora deberán (sin dinero) encalillarse más para contratar un abogado e intentar recuperar su dinero.
Los embargos ya comenzaron en regiones como Antofagasta, La Araucanía y Los Lagos, y se extenderán al resto del país junto con futuras retenciones de bienes raíces (de acuerdo al anuncio del gobierno). En lugar de ofrecer mecanismos de reprogramación accesibles, la postura oficial ha sido que las deudas se pagan y que se seguirá cobrando, considerando una solución distinta solo para quienes ganan menos de 3,5 millones de pesos mensuales. Desde la oposición, la se ha criticado duramente la medida señalando que en la misma semana en que se rechaza levantar el secreto bancario para perseguir el dinero del crimen organizado el gobierno deja sin fondos a quienes menos tienen.
Existe una injusticia de fondo cuando el Estado utiliza toda su maquinaria judicial contra los mismos jóvenes que usaron el único mecanismo disponible para estudiar. Frente a la desprotección actual de miles de familias y el fracaso de las soluciones parciales, se vuelve urgente buscar alternativas para los profesionales endeudados. Los consensos técnicos sobre la insostenibilidad del CAE y la necesidad de eliminar a los bancos ya existen. Pero los consensos se limitaron al diagnóstico y no a la solución del problema. Por ello, resulta indispensable retomar la discusión legislativa para diseñar un nuevo modelo de financiamiento universitario que sea justo, sostenible y que entregue una solución definitiva a los deudores del CAE y los estudiantes de Chile, y, además, definir como el Estado puede asumir e imputar los dineros.
Por Juan Marcos Henríquez, columnista.
