Pareciera que ciertos misterios se activan cuando algunos intentan avanzar, sin transar, en la obsesión de minimizar al Estado. Los lamentables acontecimientos climáticos que han golpeado con fuerza a nuestro país obligan a mirar de frente una pregunta incómoda: ¿qué ocurriría si el Estado no tuviera la capacidad de intervenir ante catástrofes que, una y otra vez, castigan a Chile?

Hoy son temporales, inundaciones y daños extendidos; mañana puede ser un terremoto, un incendio, una sequía extrema o cualquier otra emergencia agravada por un cambio climático que ya no admite negaciones ni relativizaciones cómodas. Durante años, muchos gobernantes y sectores de poder prefirieron mirar hacia otro lado frente a las señales de la naturaleza. Algunos incluso menospreciaron la evidencia, mientras se seguía avanzando de manera indiscriminada contra los equilibrios ambientales más básicos.

Pero cuando la emergencia golpea la puerta de miles de familias, cuando el agua arrasa viviendas, caminos, servicios y esperanzas, aparece con crudeza una verdad elemental: sin Estado, no hay respuesta suficiente; sin coordinación pública, no hay protección real; sin recursos públicos, el abandono se vuelve una condena.

No se trata de defender un Estado ineficiente, burocrático o capturado por malas prácticas. Eso sería una caricatura. Claro que existe desorden, ineficiencias y falta de compromiso en algunos sectores, y corregirlos debe ser una tarea urgente y transversal. Pero una cosa es exigir un Estado más eficiente, transparente y responsable, y otra muy distinta es debilitarlo hasta dejarlo sin musculatura para actuar cuando la ciudadanía más lo necesita.

Quienes predican la reducción drástica del aparato público deberían responder con claridad, no con consignas: ¿quién se hará cargo de evacuar, asistir, reconstruir, coordinar, financiar y proteger cuando una catástrofe golpee al país? ¿El mercado? ¿La buena voluntad individual? ¿La improvisación de última hora? Frente a desastres de esta magnitud, la ausencia del Estado no produce libertad; produce caos, desigualdad y abandono. La acción de gobernaciones, municipios, ministerios, Fuerzas Armadas, fuerzas de orden, servicios públicos y organismos de emergencia, demuestra que la presencia estatal no es un lujo ideológico, sino una necesidad concreta. Incluso instituciones tan valoradas como Bomberos, con su carácter especial y su enorme compromiso, requieren del respaldo y la articulación del aparato público.

Pretender que todo puede resolverse debilitando lo común, es desconocer cómo funciona un país real cuando enfrenta una crisis. Por eso, esta tragedia climática debe servir también como una advertencia política y moral. Chile necesita un Estado que funcione mejor, sin duda; pero también necesita un Estado fuerte, presente, preparado y con recursos suficientes. Reducirlo por dogma, por moda o por cálculo ideológico es una irresponsabilidad que puede pagarse con vidas, con hogares destruidos y con comunidades enteras abandonadas a su suerte.

La verdadera discusión no es si debemos tener menos Estado, sino si tendremos la lucidez de construir uno capaz de estar donde el país lo necesita, especialmente cuando la naturaleza vuelve a recordarnos nuestra fragilidad. Miguel Sierpe Gallardo Columnista