Estas semanas han estado marcadas por un vendaval de acusaciones cruzadas, descalificaciones, denuncias, abusos y operaciones de desprestigio contra diversas personas del mundo político regional. Como región, pareciera que hemos inaugurado nuestra participación en el reparto de la telenovela de “los chats del celular de Luis Hermosilla”: aquello que antes observábamos desde lejos parece haberse instalado en Magallanes.

Hoy vivimos un ambiente especialmente duro, donde el odio parece haberse transformado en un lenguaje habitual. Esta realidad nos duele profundamente, porque deteriora la convivencia pública y debilita la confianza entre las personas de nuestra propia región.

Lamentablemente, ni siquiera nuestro patrimonio regional, como el Carnaval de Invierno, ha quedado al margen de estas disputas viscerales. En este clima político enrarecido surgen víctimas que pagan costos inmerecidos por la falta de consideración y respeto de otros. Una persona injustamente injuriada no solo enfrenta una acusación: también carga con una marca pública que muchas veces no se borra jamás. Se daña su honra, se afecta su integridad y se golpea también a su entorno familiar, que termina sufriendo consecuencias de las que no son responsables ni merecedores.

La violencia verbal que se observa en ciertas declaraciones ya no puede ser relativizada. No se trata de simples opiniones ni de legítimas diferencias políticas. Muchas veces estamos frente a ataques directos, calculados y destructivos, que buscan instalar sospechas antes que esclarecer verdades.

Esa forma de actuar deteriora la convivencia democrática y convierte la reputación de las personas en un botín de disputa pública. Esta semana pudimos observar cómo una autoridad que hoy está siendo investigada pedía con vehemencia que la comunidad le reconociera la tan invocada “presunción de inocencia”; es decir, que se respetara su condición de inocente mientras no exista una resolución que demuestre lo contrario.

Yo estoy de acuerdo y le respeto ese derecho, hoy y siempre. Sin embargo, aquí surge una pregunta incómoda: en un Estado de derecho, ¿todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario? Por supuesto así es, esto es lo esencial de la presunción de inocencia. Pero este principio también exige coherencia y autoridad moral para invocarlo.

Para pedir la confianza de la ciudadanía, también debió actuarse con la misma prudencia cuando se acusó, se denunció, se denostó, a muchos otros, sin tener certezas suficientes. Esto resulta aún más relevante cuando, se ha sido un promotor de maltratos y acusaciones reiteradas en distintas direcciones. La presunción de inocencia no puede convertirse en un paraguas personal para los momentos difíciles, ni ignorarse cuando políticamente conviene arrojar piedras contra los adversarios.

Esto lo manifiesto respecto de múltiples acusaciones realizadas contra distintas personas, organismos públicos y organizaciones sociales durante los últimos años. Por eso, corresponde preguntarse con claridad:

• ¿Se les concedió a ellos la misma presunción de inocencia que hoy se reclama con tanta vehemencia?

• ¿Se esperó a que hablaran los tribunales?

• ¿O se optó por condenar primero ante la opinión pública?

No corresponde aquí determinar si aquellas acusaciones eran fundadas o no. Si lo fueron, por supuesto que debe actuar la justicia; pero esa decisión les corresponde siempre a los tribunales.

Lo que sí corresponde advertir es una evidente contradicción ética: no se puede pedir trato justo después de haber contribuido a instalar una cultura de sospecha, descrédito y condena anticipada. Los derechos no son herramientas de conveniencia: son principios que se respetan siempre o terminan degradándose para todos.


Por Miguel Sierpe Gallardo, columnista.