En el marco de la investigación penal que busca esclarecer la denuncia por la denominada «cuota Kusanovic», detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) ejecutaron este viernes una orden de entrada y registro en las oficinas parlamentarias y en la residencia particular en Punta Arenas del senador por la Región de Magallanes, Alejandro Kusanovic.
Durante la diligencia, personal policial procedió a la incautación de los teléfonos celulares y equipos de computación del parlamentario magallánico y de su jefe de gabinete. Los dispositivos quedaron a disposición del Ministerio Público para ser sometidos a peritajes técnicos y extracción de datos.
Detalles del procedimiento y la causa
- Autorización judicial: La medida fue solicitada por el fiscal regional de Magallanes, Cristian Crisosto, y autorizada por el Juzgado de Garantía de Punta Arenas.
- Origen de la causa: La causa penal se inició en junio de 2026 tras la denuncia presentada por un exfuncionario del parlamentario, quien afirmó haber sido obligado a devolver de forma regular una fracción de su remuneración mientras trabajó para la oficina senatorial.
- Cambio de locación: Según fuentes del caso, la Fiscalía evaluó inicialmente concretar la incautación en las instalaciones del Congreso Nacional en Valparaíso. No obstante, al requerir los recintos parlamentarios un procedimiento especial de comunicación previa, el Ministerio Público optó por coordinar el operativo directamente en la circunscripción del senador, en Punta Arenas.
Objetivo de las pericias: La incautación busca recopilar registros digitales, correos electrónicos y mensajería de texto para verificar la eventual existencia de irregularidades o delitos vinculados a la administración de asignaciones parlamentarias.
La controversia sobre el caso escaló desde el ámbito parlamentario a la esfera judicial hace algunas semanas. Según reportó Meganoticias, el Ministerio Público abrió una investigación penal a cargo del fiscal regional de Magallanes, Cristian Crisosto, para esclarecer la denuncia presentada por el exfuncionario de la oficina senatorial por el eventual cobro forzado de devoluciones de dinero financiado con recursos públicos.
En el marco de estas diligencias, autorizadas por el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, la Policía de Investigaciones (PDI) concretó una orden de entrada y registro en el domicilio particular del parlamentario y en su sede legislativa en Punta Arenas.
La denuncia contra el senador
Como se ha informado previamente por diversos medios nacionales y regionales, la denuncia fue ingresada en febrero ante la Unidad de Contraloría del Senado por quien se desempeñó como encargado de la oficina parlamentaria de Puerto Natales entre marzo de 2022 y diciembre de 2025.
En ella, el exfuncionario sostuvo que antes de asumir el cargo se le informó que debía restituir mensualmente $500 mil de su sueldo y, además, asumir diversos gastos de funcionamiento de la oficina parlamentaria con recursos propios.
El escrito también afirma que, con el paso del tiempo, las devoluciones comenzaron a realizarse mediante transferencias y depósitos, acompañando comprobantes bancarios y conversaciones de WhatsApp que, según el denunciante, respaldarían el mecanismo.
Solo por concepto de las restituciones mensuales, asegura haber entregado cerca de $23 millones durante su relación laboral.Tras conocerse estos antecedentes, el fiscal regional de Magallanes, Cristián Crisosto, confirmó la apertura de una investigación penal, la que permanece vigente y con diligencias en desarrollo.
