El seremi de Vivienda, Rodolfo Guajardo, confirmó que en un plazo aproximado de dos semanas se iniciará el proceso de desalojo de las familias asentadas ilegalmente en terrenos del Serviu en el corazón de la toma "Las Etnias". La medida, considerada prioritaria por el ministerio, contará con el auxilio de la fuerza pública una vez que la Delegación Presidencial Regional otorgue la autorización correspondiente.

La crisis sanitaria en el sector, marcada por el vertimiento de aguas servidas colindantes a la Villa Cardenal Raúl Silva Henríquez, aceleró los planes del gobierno. Este problema ambiental provocó en el pasado el cierre del Centro Comunitario de Salud Familiar (Cecosf) Sandra Vargas y del jardín infantil Juan Ruiz Mancilla.

Desde la cartera de Vivienda se descartó categóricamente la entrega de soluciones habitacionales de emergencia o subsidios para los ocupantes ilegales de estos terrenos del Serviu. No obstante, existen contradicciones internas respecto al financiamiento: mientras a nivel local se estima una inversión cercana a los $1.000 millones para el operativo, demolición, cierres perimetrales y asistencia social, el seremi Guajardo desestimó públicamente dicha cifra.

El desalojo solo afectará formalmente a los terrenos estatales, dejando en la incertidumbre el futuro de las familias ubicadas en terrenos privados colindantes (propiedad de la constructora Salfa y del exintendente Mario Maturana).

Terrenos de Maturana y Salfa

Pese a los anuncios oficiales, persisten importantes cabos sueltos respecto al futuro de las familias que habitan los terrenos del exintendente y de la Constructora Salfa. Esta última ya presentó una solicitud de desalojo ante los tribunales. Tampoco existe claridad sobre el costo real de las operaciones de demolición, traslado y saneamiento. Mientras a nivel local el Gobierno baraja una cifra cercana a los $1.000 millones —destinados a subsidios de arriendo, cierres perimetrales y apoyo de asistentes sociales—, el seremi de Vivienda descartó públicamente dicho monto. No obstante, profesionales de la misma cartera confirmaron de forma interna que la solicitud de recursos existe y que el plan es de pleno conocimiento de la Delegación Presidencial Regional, la Municipalidad de Punta Arenas y otras seremías.

La complejidad del conflicto también se refleja en la propiedad de la tierra. Según el Servicio de Impuestos Internos (SII), el asentamiento —cuyo origen se remonta a abril de 2016, cuando diez familias ocuparon un terreno baldío en la prolongación de calle Enrique Abello hasta multiplicarse por diez— se extiende hoy sobre cuatro predios, tres de ellos estatales. Entre ellos figura un terreno de 3 mil metros cuadrados del Gobierno Regional, desalojado el año pasado, donde la administración de Jorge Flies no ha podido ejecutar proyectos debido a la crisis sanitaria del sector. El resto de la ocupación se divide en un paño de 10.545 metros cuadrados de Mario Maturana, donde se emplaza la toma 'Lautaro', y los terrenos de la toma 'Las Etnias', ubicados mayoritariamente en predios del Serviu y de Salfa, firma que hace un par de meses ya denunció formalmente la ocupación irregular.