Las pretensiones o imprecisiones geopolíticas de la Casa Rosada hacia la Patagonia austral suman un nuevo capítulo. Fuentes oficiales confirmaron que el Gobierno de Chile se encuentra exigiendo formalmente a Argentina la modificación del Decreto 457 —dictado originalmente en 2021—, un texto de 40 páginas emanado del Ministerio de Defensa trasandino que califica erróneamente al Estrecho de Magallanes como un espacio de "control conjunto" y de uso compartido.

A pesar de que su publicación motivó en su momento una nota de protesta formal de la Cancillería chilena, la administración argentina no ha modificado la redacción del documento. El decreto establece textualmente que "uno de los espacios compartidos que resulta fundamental continuar fortaleciendo es el de la exploración, estudio y control conjunto sobre el Estrecho de Magallanes y el Mar de Hoces", planteándolos como vías estratégicas entre los océanos Atlántico y Pacífico y como puerta de acceso a la Antártica.

Lo que dicen los tratados internacionales

La postura plasmada en la norma trasandina choca de frente con el marco jurídico vigente internacional que rige la delimitación entre ambos países:

-Tratado de Límites de 1881: Consagra que el Estrecho de Magallanes —incluidas sus dos riberas de Punta Dungeness al sur— pertenece en su totalidad a la soberanía exclusiva de la República de Chile. En dicho texto se fija que el paso está neutralizado a perpetuidad y se garantiza la libre navegación comercial para las banderas de todas las naciones.

-Protocolo Adicional de 1893: Refuerza el principio de que Chile no puede proyectarse hacia el Atlántico, ni Argentina hacia el Pacífico.

-Tratado de Paz y Amistad de 1984: En su artículo 10 reafirma íntegramente lo pactado en 1881. Además, especifica la obligación de Argentina de mantener el tránsito expedito hacia y desde el estrecho a través de sus aguas jurisdiccionales, dejando en claro que el paso navegable no forma parte de su territorio.

En un escenario austral cruzado por continuos roces y declaraciones diplomáticas que han buscado tensionar los límites australes en los últimos meses, las autoridades chilenas insisten en la imperiosa necesidad de que Buenos Aires corrija la tipificación formal de sus directivas de defensa. El Estrecho de Magallanes no es ni ha sido un territorio compartido: es y seguirá siendo territorio soberano chileno.

El avance de este tipo de formulaciones en los documentos estratégicos de Buenos Aires responde a una línea jurisprudencial y geopolítica que, lejos de ser un descuido técnico, refleja la persistente pretensión trasandina por influir en la administración de las rutas interoceánicas del extremo sur. Al catalogar la zona como un área de "estudio y control conjunto", el Ministerio de Defensa argentino pretende relativizar en el plano diplomático la jurisdicción plena que la legislación y los tratados le otorgan a Santiago sobre la vía navegable.

La falta de corrección de la norma a tres años de su emisión mantiene abiertas las dudas respecto al compromiso de la Casa Rosada con los acuerdos de límites ya consolidados.

En el ámbito local, la permanente presencia de estos matices en la agenda exterior exige un monitoreo riguroso y continuo por parte de las instituciones nacionales. Para la Región de Magallanes, la defensa de la soberanía sobre el estrecho no constituye únicamente un imperativo histórico o legal consagrado en 1881 y 1984, sino una garantía estratégica indispensable para el desarrollo logístico, marítimo y científico de Chile en su proyección natural hacia el territorio antártico.