Un abierto intento de injerencia política quedó al descubierto tras la confirmación del nuevo gerente general de la Empresa Portuaria Austral (EPA Austral). Pese a una cadena de intentos de bloqueo, presiones de alto nivel e incluso maniobras para suspender la sesión del directorio, la mesa directiva ratificó este lunes a José Barría Bustamante como la nueva cabeza ejecutiva de la empresa portuaria por 2 votos contra 1.

El nombramiento quedó sellado en una votación donde el presidente del directorio, José Miguel Cruz, y el director Marcelo Silva hicieron valer la institucionalidad, contando además con la participación en la reunión del representante de los trabajadores durante la jornada. El único voto disidente provino de la directora Daniela Arecheta Bórquez, excandidata a gobernadora regional y figura de la derecha local, quien rechazó la opción de Barría y respaldó al otro postulante finalista.

Un proceso técnico transparente retado por la política

La llegada de Barría al cargo responde, según los antecedentes recabados, a un proceso de selección completamente transparente, técnico y apegado a los estrictos protocolos que rigen a las empresas de estas características. La EPA Austral contrató los servicios de un headhunter (firma consultora especializada en el reclutamiento y selección de alta dirección ejecutiva) para ejecutar la búsqueda, recepción de antecedentes, aplicación de filtros y evaluaciones de los aspirantes.

A través de esta auditoría técnica externa, la consultora estructuró una nómina final de cuatro candidatos, de la cual el propio directorio extrajo la dupla finalista donde Barría se impuso por méritos y perfil profesional.

José Barría Bustamante, elegido este lunes como el nuevo gerente general de la Empresa Portuaria Austral (EPA).

Sin embargo, según fuentes confiables, en los últimos días las presiones y mensajes intentando frenar la votación de este lunes fueron demasiadas, pretendiendo utilizar criterios e intereses de índole político para interferir en un cargo estrictamente técnico y estratégico para la infraestructura, el desarrollo económico y la matriz productiva de la Región de Magallanes.

La intromisión de la Delegación Presidencial

De acuerdo con fuentes extraoficiales y de alta confidencialidad, durante la última semana se desplegó una intensa ofensiva con el objetivo de frenar a toda costa el arribo de Barría a la gerencia de la portuaria.

Las acusaciones apuntan a una intervención directa de la delegada presidencial regional, Ericka Farías, quien habría ejercido presiones y gestiones al más alto nivel para solicitar la suspensión de las reuniones de directorio y postergar la votación decisiva. A este escenario se sumaron filtraciones de reuniones reservadas y de carácter privado del directorio hacia autoridades del gobierno local, en un intento por desestabilizar la resolución antes de concretarse. Asimismo, la información recabada por ZonaZero apunta a que una de las directoras de la EPA (Daniela Arecheta) no estaría de acuerdo con tener de gerente en la Empresa Portuaria Austral a quien también fue su contendor en la pasada elección a dirigir el Gobierno Regional. Y al mismo tiempo, habría suspendido su presencia en reuniones que debieron cancelarse por dicho motivo y donde se votaría la elección del nuevo gerente (cuestión que quedó oficializada durante este lunes).

El absurdo de retrotraer un nombramiento ya consumado

Pese al cerco político y las tensiones del entorno, la sesión directiva de este mediodía dejó sin efecto las presiones externas y oficializó el nombramiento de Barría. Quien asume la gerencia cuenta con una reconocida y larga trayectoria institucional: ingeniero comercial, contador auditor, actual administrador municipal de Timaukel, ex consejero regional, exdirector de la propia EPA y ex asesor legislativo en las comisiones de Hacienda y Economía de la Cámara de Diputados.

Las presiones, lejos de extinguirse con el resultado de la votación, apuntan ahora a intentar retrotraer un proceso administrativo y legal que ya fue finiquitado conforme a la norma. Pretender anular un concurso público respaldado por una firma headhunter y ratificado por votación mayoritaria del directorio, con presencia del representante de los trabajadores, sentaría un precedente vergonzoso para la institucionalidad pública de Magallanes, exponiendo el sometimiento de una empresa clave del desarrollo regional a las disputas y caprichos del poder político local.