En el complejo entramado del desarrollo magallánico, existen instituciones cuyo funcionamiento debiese estar absolutamente blindado de las pasiones y las pequeñas rencillas del poder de turno. La Empresa Portuaria Austral (EPA Austral) es, indiscutiblemente, una de ellas. Creada para liderar la infraestructura, la conectividad y la logística de una región insular y lejana, la portuaria requiere dirección técnica, visión estratégica a largo plazo y la solidez institucional de quien administra la puerta de entrada a la Patagonia y la Antártica.

Por ello, lo acontecido en los últimos días en torno a la selección de su nuevo gerente general —y que culminó con la ratificación de José Barría Bustamante— no solo es impresentable. Es el reflejo alarmante de cómo las presiones políticas intentan pasar por encima de la institucionalidad.

Para la búsqueda del ejecutivo a cargo de la EPA, la mesa directiva optó por el camino formal y transparente. Es decir, contratar a una empresa especializada en reclutamiento (headhunter). Tras un exhaustivo filtro técnico que derivó en una nómina de cuatro candidatos, el directorio avanzó conforme a la norma para dirimir al perfil más idóneo.

Sin embargo, en la recta final, el mérito y la experiencia fueron eclipsados por maniobras de pasillo. Las intensas presiones atribuidas a la Delegación Presidencial para frenar la votación, sumadas a intentos deliberados de suspender sesiones y a filtraciones reservadas, dejaron al descubierto una obsesión peligrosa: la de supeditar los cargos técnicos de las empresas del Estado al interés o al beneplácito de la política contingente.

Resulta aún más grotesco que para decisiones de esta naturaleza seamos espectadores de conflictos de interés político no resueltos, donde asperezas electorales pasadas parecen pesar más que los requerimientos estratégicos de la principal empresa portuaria de la región.

A pesar de la maniobra de boicot, el directorio de la EPA —haciendo valer la autonomía que le otorga la ley y con el respaldo del representante de los trabajadores— oficializó la llegada de José Barría por dos votos contra uno. Asume así un profesional con un perfil técnico e institucional innegable. Ingeniero comercial, contador auditor, con pasos por el ámbito público, la asesoría legislativa en comisiones clave y la propia gestión portuaria.

Pero el espectáculo no terminó con la votación. Lo verdaderamente escandaloso es que, una vez consumado el acuerdo legal del directorio, se insista en retrotraer el concurso o buscar resquicios para invalidar lo resuelto. Pretender borrar con el codo un proceso público, respaldado por una auditoría técnica externa y sancionado según los estatutos vigentes, sienta un precedente nefasto.

¿Qué mensaje se le entrega a la comunidad regional? ¿Qué garantías de seriedad proyecta este escenario ante el sector privado y los actores logísticos si sus decisiones ejecutivas dependen del capricho o la molestia de una autoridad del gobierno local o de una integrante del propio directorio?

Las empresas públicas no son botines de guerra ni plataformas para cobrar cuentas políticas. Forzar la máquina para anular un nombramiento ya ratificado no solo deteriora la imagen de la EPA Austral, sino que vulnera la confianza en las reglas del juego administrativo.

Magallanes no puede darse el lujo de paralizar ni manipular el motor de su desarrollo portuario. Las autoridades llamadas a gobernar debiesen ser las primeras en resguardar el principio de probidad y la autonomía de las instituciones. Insistir en presiones desmedidas para doblegar una decisión técnica ya consumada no es hacer política con altura de miras. Es un manoseo institucional que la región debe rechazar con absoluta firmeza.