Desde el Biobío hasta Magallanes, 18 asociaciones gremiales de proveedores, pymes y trabajadores de la industria del salmón emitieron este 18 de agosto de 2026 un duro comunicado público. Alertan sobre el “grave impacto” del reciente fallo del Tribunal Constitucional que frena las microrelocalizaciones de centros de cultivo y exigen investigar el financiamiento de diversas organizaciones no gubernamentales que sigue sin transparentarse.

El fallo, según detalla el texto, elimina una herramienta ya aprobada por el Congreso que permitía desplazar los centros hasta 350 metros para mejorar condiciones sanitarias y operacionales. Los firmantes sostienen que se trata de “una solución técnica y acotada”, pero que el TC la bloqueó con una decisión que consideran política y tomada “desde la comodidad y la distancia de la capital”. El golpe, afirman, recae de inmediato sobre trabajadores, pymes y la economía regional.

La describen como “simplemente, una solución técnica y acotada para mejorar las condiciones sanitarias y operacionales de los centros actuales”.

Afirman que, aunque faltan detalles técnicos, “el golpe a la macrozona sur, desde el Bio Bio hasta Magallanes, es inmediato”. Lamentan que “una decisión política, tomada desde la comodidad y la distancia de la capital, termine arrebatándonos una medida lógica cuyos efectos recaen directamente sobre los hombros de los trabajadores, las pymes y la economía de nuestras regiones del sur”.

“Somos hombres y mujeres del sur de Chile”, declaran, habitantes de un territorio extremo donde el mar y el aislamiento han forjado un carácter emprendedor. Subrayan que las trabas regulatorias paralizan proyectos de mejora y que “la cuerda se corta por lo más delgado”: los proveedores locales y sus familias. Transportistas, buzos, mecánicos y tripulantes ven amenazado su sustento.

Se definen como “hombres y mujeres del sur de Chile, habitantes de un territorio extremo donde la rudeza del mar y el aislamiento continental han forjado nuestro carácter aguerrido y emprendedor”. Un freno de esta magnitud “nos quita el oxígeno de un día para otro y pone en jaque el sustento de miles de familias de transportistas, buzos, mecánicos y tripulantes”.

El comunicado denuncia un supuesto “dominio” de ONG como Fundación Libera, Centro Ecocéanos, Fundación Terram, Observatorio Ciudadano, FIMA y AIDA sobre la institucionalidad chilena. Acusan a estas entidades de bloquear sistemáticamente medidas de desarrollo y sostenibilidad del sector acuícola.

Exigen respuestas sobre la investigación del Boletín 15643-06 relativa a su financiamiento, señalando que manejan recursos millonarios sin fiscalización suficiente. También recuerdan denuncias internacionales por “trabajo forzado” que, según ellos, resultaron falsas y provocaron alzas arancelarias que afectan competitividad y empleos.

Señalan que se enfrentan a “entidades con recursos millonarios cuyo origen nadie fiscaliza”.

Además piden a la propia industria acuícola trabajar de manera estratégica con trabajadores y proveedores, más allá de compromisos declarativos.

Al Estado le reclaman no dejar a la deriva a las regiones para “complacer a organizaciones que no responden a los intereses de Chile”. Hacen un llamado urgente a parlamentarios de la Macrozona Sur y autoridades de Gobierno para construir un acuerdo que destrabe las microrelocalizaciones, recordando que “las familias del sur vivimos aquí, hacemos patria aquí y no tenemos un Plan B”.

Entre los firmantes figuran Agrupaysén, Coordinadora Nacional de Trabajadores del Salmón, Fetrasalmon, Red Musa, sindicatos de Mowi y AquaChile, asociaciones de armadores y camioneros de Aysén, y representantes de Chiloé y Magallanes, que juntos agrupan a miles de trabajadores y cientos de empresas.