El recién pasado martes finalmente se concretó una política pública que era, hasta esta semana, una deuda pendiente: la implementación de la Oficina Local de la Niñez (OLN), institución creada expresamente por la Ley N.º 21.430 sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.

Las OLN tienen una tarea fundamental: ejercer la protección administrativa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, mediante la promoción de sus derechos, la prevención de vulneraciones y la protección frente a aquellas situaciones que requieren una respuesta del Estado.

Una buena noticia, claro que sí. Pero hay al menos dos elementos que resulta necesario puntualizar: Punta Arenas fue la última comuna del país en incorporarse al sistema de Oficinas Locales de la Niñez y, al mismo tiempo, la única comuna donde su implementación quedó radicada en un Gobierno Regional y no en una municipalidad. Naturalmente estos antecedentes no son fortuitos, sino que responden a una controversia que se extendió por meses respecto de la decisión de la Municipalidad de Punta Arenas de no asumir la implementación municipal de esta nueva institucionalidad.

Pero más allá de esta situación particular, hay un elemento que no se puede pasar por alto: mientras celebramos la llegada de una institución destinada a proteger derechos, seguimos enfrentando importantes desafíos pendientes en materia de protección especializada.

Un ejemplo evidente es la situación de la residencia para adolescentes destinada al Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez). Tras ser adquirida por el Gobierno Regional en diciembre de 2024, continúa esperando los permisos necesarios para su funcionamiento, en un proceso marcado por dificultades administrativas y cuestionamientos políticos.

El resultado es concreto: las y los adolescentes que requieren de este dispositivo de protección siguen esperando una solución, mientras permanecen en un inmueble que no cumple plenamente con los estándares que exige el actual sistema de protección.

Recuerdo con claridad haber planteado esta preocupación en mi primera intervención como consejero regional, a comienzos de 2022. Han pasado cuatro años y, mientras abundan los diagnósticos, los discursos y las declaraciones sobre la importancia de proteger a niños, niñas y adolescentes, las respuestas concretas siguen demorándose.

Y aquí aparece la paradoja.

En tiempos en que como sociedad nos alarmamos con justa razón frente a las cifras de vulneraciones a la niñez y adolescencia; en tiempos donde hablamos de salud mental, convivencia escolar, violencia y falta de oportunidades; precisamente cuando los datos nos exigen respuestas oportunas y decididas, la institucionalidad pública parece avanzar a un ritmo distinto al de las urgencias que pretende abordar.

Porque en materia de niñez el tiempo no es un detalle administrativo. Una demora no es simplemente un trámite pendiente: puede significar que un niño, niña o adolescente permanezca más tiempo del debido sin la protección que necesita.

La implementación de la OLN en Punta Arenas es una buena noticia. Pero también debe ser una oportunidad para preguntarnos si estamos construyendo un sistema capaz de responder con la velocidad que los derechos de la niñez exigen.

Porque cuando se trata de proteger a quienes más lo necesitan, muchas veces llegar tarde significa no llegar.


Por Pablo Cifuentes Vladilo, columnista.