Hace pocas semanas, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, recorrió Penco levantando trozos de loza del suelo para burlarse del Consejo de Monumentos Nacionales. En abril, en Valdivia, calificó de "locura" la Ley de Humedales Urbanos y responsabilizó a un senador por ocho años de espera de un proyecto habitacional. La semana pasada, el gobernador de Coquimbo lo acusó de llegar a la zona de emergencia a "sacarse fotos" sin coordinar con las autoridades locales, reclamo que la Asociación de Gobernadores Regionales respaldó públicamente. Los tres episodios, sin embargo, obedecen a la misma lógica. Cuando una norma frena lo que Poduje quiere hacer, la respuesta no es corregir el procedimiento ni dialogar con quien lo administra, sino ridiculizarlo frente a las cámaras.

La urgencia habitacional es cierta: miles de familias esperan y eso no admite demora, pero no por ello un ministro debe señalar que las regulaciones ambientales y patrimoniales son un obstáculo que hay que derribar. En esta línea, en Punta Arenas, la iniciativa de proteger y conservar la Laguna Pudeto y el humedal aledaño ejemplifica el conflicto del valor de resguardar ecosistemas urbanos patrimoniales frente al avance sin planificación. La necesidad de casas versus la necesidad de conservar sitios patrimoniales. No hay que olvidarse que estos sitios son memoria e identidad y perderlos no es solo un daño ambiental, sino es perder una parte de nosotros.

El tono de Poduje ya dice mucho sobre el Estado que le gustaría tener. Pero lo verdaderamente grave es que desacredita, desde su cargo, las instituciones que está obligado a respetar. Las exigencias ambientales y patrimoniales no son caprichos, sino garantías técnicas diseñadas para prevenir desastres y garantizar un medio ambiente sano. ¿Qué pasa cuando no respetamos un humedal? Lo más probable es que se termine arriesgando la seguridad de las mismas familias que se busca beneficiar, exponiéndolas a anegamientos e inundaciones recurrentes. Romper la institucionalidad ambiental no es valentía, es populismo que degrada la certeza jurídica.

Esta misma desconexión institucional quedó en evidencia durante el último frente de mal tiempo, cuando los gobernadores regionales lo acusaron de llegar a las zonas anegadas a "sacarse fotos" sin coordinar con las autoridades locales. En momentos de emergencia por inundaciones, un gobierno centralista desconoce el valor estratégico de alcaldes y gobernadores, quienes poseen el conocimiento detallado del territorio, los catastros de vulnerabilidad y la capacidad de priorizar las necesidades urgentes. Sin esa articulación territorial, la respuesta estatal se vuelve ineficiente y deriva en un conflicto político evitable en lugar de una solución rápida.

Debemos entender que lo que hace Poduje es una estrategia y no una mera crítica técnica. Es más cómodo victimizarse frente a un consejo lento o la legislación ambiental que reconocer un Estado desordenado y falto de coordinación. Poduje prefiere el enemigo fácil, ya que rinde más titulares culpar a la Ley de Humedales o a los arqueólogos que explicar por qué los ministerios no se articulan entre sí o con los gobiernos regionales. Le conviene más inventarse un enemigo (los arqueólogos o los ambientalistas) que sentarse a conversar con los alcaldes y gobernadores que conocen el terreno Y funciona porque siempre hay un público dispuesto a aplaudir cualquier chiste contra algo que suene a burocracia o poder, y porque a nadie le cuesta nada sumarse a la burla cuando el que la reparte tiene cargo de ministro.

El patrimonio y el medio ambiente no son frenos a la modernidad. No hay que caer en ese juego, ya que la discusión no es desarrollo versus regulación. La discusión es si tendremos un Estado descentralizado, respetuoso de su institucionalidad ambiental y capaz de coordinarse con sus regiones, o si permitiremos que cada atraso se justifique culpando a los organismos que cuidan nuestro patrimonio y a las autoridades que defienden sus territorios. No se trata de seguir discutiendo si el desarrollo vale más que la regulación. Se trata de organizarse. El Minvu podría, por ejemplo, acordar con el Consejo de Monumentos plazos claros desde que se presenta el proyecto, y asignar recursos de inicio para que un hallazgo arqueológico no paralice todo durante años. Cualquier reforma a la Ley de Monumentos o a la normativa de humedales debe tramitarse en el Congreso, con los actores políticos que hoy son tratados como enemigos. Y en cada emergencia regional debería activarse un protocolo obligatorio de aviso y coordinación previa con gobernadores y alcaldes, no como gesto de cortesía, sino como requisito de gestión.

Gobernar rápido y gobernar bien con las instituciones no son caminos opuestos. Lo que Poduje enfrenta no es un enemigo llamado Consejo de Monumentos o Ley de Humedales, sino la falta de un Estado que coordine a tiempo sus propios servicios. Mientras tanto, seguir culpando a la ley o a los gobernadores no le entrega una casa a nadie. Lo que evita, en realidad, es la pregunta incómoda de por qué el Estado no puede coordinarse sin tener que humillar a los que trabajan en él.


Por Juan Marcos Henríquez, columnista.