En medio de una jornada marcada por crecientes presiones políticas y solicitudes ciudadanas que exigen una postura de mayor firmeza al Ejecutivo chileno frente a Argentina, los alcaldes de Punta Arenas, Claudio Radonich, y de Río Gallegos, Pablo Grasso, emitieron una declaración conjunta para fijar la posición de los municipios de la Patagonia Austral.

El pronunciamiento de los jefes comunales se da en el punto más alto del impase provocado por las palabras del jefe de la Fuerza Aérea transandina, brigadier general Gustavo Javier Valverde, quien incluyó el Estrecho de Magallanes y el Paso Drake bajo pretensiones de soberanía de su país. Dichas expresiones desataron un amplio rechazo en la Región de Magallanes y encendieron el debate nacional.

Durante las últimas horas, la presión política sobre el gobierno del Presidente José Antonio Kast ha ido en aumento. Desde la oposición y diversos sectores legislativos han calificado como insuficiente la nota de protesta despachada por Cancillería y las posteriores respuestas protocolares desde Argentina, exigiendo acciones más drásticas frente a la administración de Javier Milei y reclamando que no se minimicen este tipo de narrativas revisionistas. A este escenario se han sumado llamados desde la ciudadanía y de actores locales que demandan un blindaje efectivo de la soberanía austral y un rechazo sin ambigüedades.

En la misiva suscrita, Radonich y Grasso hicieron frente a la coyuntura expresando su preocupación por los dichos del alto mando militar argentino. No obstante, los ediles recalcaron que los asuntos relativos a límites, soberanía y tratados de fronteras son de resorte exclusivo de las cancillerías de ambos Estados mediante los canales institucionales y el derecho internacional.

En el texto, las autoridades locales advirtieron que la reapertura de debates territoriales ya zanjados por el Tratado de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984 genera tensiones "artificiales e infundadas". Asimismo, hicieron un llamado a resguardar la paz histórica alcanzada tras la crisis de 1978 y a defender la integración comercial, cultural y familiar que une a la Región de Magallanes con la Provincia de Santa Cruz.