El Ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, confirmó que la Contraloría General de la República ratificó la destitución de la trabajadora social del Serviu Magallanes, Jacqueline Lleucún Uribe, tras detectarse graves infracciones al principio de probidad administrativa en la asignación e intermediación de viviendas sociales.

La decisión administrativa se enmarca en la causa penal que instruye la Fiscalía local a raíz de una denuncia presentada por el propio Minvu, en la que se investigan anomalías en el reemplazo directo de beneficiarios de subsidios. De acuerdo con los antecedentes del caso, Lleucún habría firmado la resolución exenta que aprobó la reasignación de cupos en el proyecto Estepa Austral I, maniobra que terminó beneficiando a personas que no cumplían con los criterios de vulnerabilidad.

En sus declaraciones, el secretario de Estado remarcó de forma categórica la postura del Ejecutivo frente a las irregularidades detectadas tanto en la región como en el resto del país:

“No vamos a permitir que se vulneren los sistemas de focalización ni que se salten la fila como ocurrió en tantas ocasiones. En Chile tenemos cerca de un 10% de mal uso en viviendas sociales y eso debe corregirse. Es urgente quitarle el beneficio a quien no es vulnerable para entregárselo a las familias que realmente lo necesitan”.

Asimismo, Poduje enfatizó que la salida de la funcionaria es una señal clara contra la instrumentalización de la necesidad habitacional y las gestiones irregulares vinculadas a entidades patrocinantes u organizaciones comunitarias:

“La Contraloría ya validó la medida y Jacqueline Lleucún ha sido destituida por graves faltas a la probidad; ya está fuera del servicio. No vamos a tolerar malas prácticas ni la vinculación de personas sancionadas con organizaciones de vivienda, ni en Magallanes ni en ninguna parte del país. Personas que les cobran cobros indebidos a los comités, que los organizan políticamente o que los usan para hacer negocios lucrando con la pobreza, no lo vamos a aceptar”.

El caso se mantiene bajo investigación de la Fiscalía, dirigida por la fiscal jefe Johanna Irribarra Alarcón. Entre las aristas del expediente penal se indaga la asignación de un cupo reasignado a Susan Chicuy Godoy, pareja y madre de los hijos del diputado republicano Alejandro Riquelme.