Es un hecho que existían temores y desconfianza respecto de las acciones de la Administración Kast. Muchas veces consideramos excesivas esas aprensiones y concedimos al Gobierno el beneficio de la duda. Como muchos chilenos, deseábamos que realizara la mejor gestión posible, porque si al Gobierno le iba bien, el país también se beneficiaría.
Sin embargo, diversos actores políticos nunca confiaron en las promesas, los anuncios de campaña ni el programa de gobierno. Advertían que esta administración provocaría un deterioro en numerosos ámbitos de la vida ciudadana y afectaría especialmente a los sectores más desposeídos y a la clase media. Debo reconocer que esas críticas me parecían prematuras.
Aunque desde el inicio observábamos una orientación favorable a los sectores más pudientes, nunca imaginamos que las condiciones de vida de millones de chilenos alcanzarían el dramático deterioro actual. Hoy son varios los grupos afectados: más de un millón y medio de personas están cesantes; quienes conservan un trabajo regular enfrentan enormes dificultades para subsistir; y quienes tienen empleos mejor remunerados, incluso con ingresos superiores al promedio, mayores a 1.5 millones de pesos, sufren una estrechez severa para costear la alimentación, la salud y otros gastos que hasta hace un año podían solventar con mayor holgura.
En definitiva, más allá de lo que establece formalmente la línea de la pobreza, considero que los chilenos atraviesan una situación extremadamente difícil y que, por ahora, no se advierte una salida cercana. En medio de esta lamentable situación, observamos una rigidez absoluta de Hacienda, que recorta reiteradamente recursos en ámbitos donde resulta difícil encontrar una explicación lógica.
Podemos entender que factores externos hayan profundizado la inflación y el costo de la vida. Sin embargo, no se aprecia la misma disposición a postergar gastos destinados a quienes podrían esperar un contexto económico más favorable para recibir esos beneficios. Esa diferencia deja en evidencia las prioridades del Gobierno. En los próximos días veremos cómo actúan los legisladores a medida que avance la discusión presupuestaria.
Es evidente que el Gobierno desbarató de un plumazo los presupuestos regionales y está revirtiendo el escaso progreso alcanzado en materia de descentralización al recuperar el control de esos recursos. Esto ocurre mientras, como hemos señalado antes, los gobiernos regionales llevan años subsidiando a los ministerios. Todo lo anterior se relaciona principalmente con el desolador escenario económico, pero los problemas graves no se limitan a ese ámbito. Desde mi perspectiva, también existe una marcada debilidad en la defensa de la dignidad de nuestro país frente a sus vecinos y a las potencias extranjeras, que a diario se permiten indicarle qué debe hacer, cómo debe hacerlo y con quién.
La semana pasada valorábamos algunas declaraciones iniciales del canciller Pérez. Sin embargo, transcurren los días sin que surja una postura contundente frente a los excesos de ciertos diplomáticos, quienes parecen recibir instrucciones directas de sus países sobre cada una de sus intervenciones. El rápido impulso que adquirió la expresidenta Michelle Bachelet tras sus declaraciones no se explica únicamente por su prestigio, la consideración pública ni la valoración de su gestión.
También refleja el nivel de angustia y temor que afecta actualmente a millones de chilenos.
Por Miguel A. Sierpe Gallardo, columnista.
