Cada vez que aumenta el precio de los combustibles en Chile, la discusión nacional parece concentrarse en cuánto más costará llenar el estanque de un automóvil. Sin embargo, para quienes vivimos en Magallanes, el problema es considerablemente más profundo. Aquí, el combustible no es simplemente un gasto adicional en el presupuesto familiar: es un componente esencial de nuestra estructura económica, de nuestra conectividad y, finalmente, del costo de vida de toda la población.

Las recientes alzas de las gasolinas y del diésel vuelven a instalar una preocupación que debiera ser permanente en la discusión económica nacional: las políticas públicas diseñadas bajo criterios generales no siempre producen efectos equivalentes en territorios con realidades geográficas y productivas tan diferentes como Magallanes. Mientras en el centro del país el aumento del combustible puede representar un mayor gasto en desplazamientos, en nuestra región sus efectos se multiplican a través del transporte terrestre, marítimo, la distribución de alimentos, los servicios, la actividad comercial y las cadenas de abastecimiento. En otras palabras, cuando sube el combustible,

Magallanes no solamente paga más por movilizarse. También termina pagando más por buena parte de los bienes y servicios que necesita para vivir. El costo de vivir lejos también se paga en combustible Magallanes posee características que la diferencian estructuralmente del resto del territorio nacional.

Nuestra ubicación geográfica, las grandes distancias entre localidades, las dificultades de conectividad y la dependencia de extensas cadenas logísticas hacen que los costos de transporte tengan una incidencia especialmente relevante en la economía regional. Gran parte de los productos que consumimos debe recorrer miles de kilómetros antes de llegar a nuestros hogares. Ese proceso involucra transporte terrestre, marítimo, almacenamiento y distribución, actividades que dependen directa o indirectamente del precio de los combustibles.

Cuando aumenta el diésel, se incrementa la presión sobre los costos operacionales de quienes transportan mercancías. Y cuando estos mayores costos se mantienen en el tiempo, pueden terminar trasladándose a los precios que pagan los consumidores. Así, una familia magallánica puede enfrentar simultáneamente un mayor gasto para movilizarse y un incremento en el precio de los alimentos, productos de primera necesidad y servicios. Este fenómeno representa una presión adicional sobre el poder adquisitivo regional, especialmente para los hogares de ingresos medios y bajos, que destinan una mayor proporción de sus recursos al consumo de bienes esenciales.

El MEPCO: una protección que no elimina el problema

Desde una perspectiva tributaria, resulta necesario analizar el funcionamiento del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles, conocido como MEPCO. Este instrumento fue diseñado para moderar las fluctuaciones de precios mediante ajustes al componente variable del impuesto específico. Sin embargo, es importante comprender que su objetivo no es congelar los precios ni impedir que los incrementos internacionales lleguen al consumidor.

El MEPCO puede amortiguar las variaciones, pero no eliminar sus efectos económicos. Cuando las alzas internacionales son persistentes, surge una disyuntiva fiscal: cuánto del incremento puede absorber temporalmente el Estado y cuánto debe trasladarse a los consumidores, considerando la sostenibilidad de las finanzas públicas.

El problema es que este debate suele desarrollarse desde una perspectiva nacional, sin profundizar suficientemente en las consecuencias diferenciadas que puede tener para las zonas extremas. Una misma alza por litro no significa necesariamente el mismo impacto económico para una familia de Santiago que para una familia de Puerto Natales, Porvenir o Punta Arenas. La diferencia no radica exclusivamente en el precio que aparece en el surtidor, sino en el efecto acumulativo que ese incremento genera sobre las actividades económicas y el abastecimiento de cada territorio.

Una amenaza silenciosa para las pequeñas empresas

Otro aspecto que merece especial atención es el impacto sobre las pequeñas y medianas empresas regionales. En Magallanes, emprender y desarrollar una actividad comercial ya supone enfrentar costos estructurales superiores en diversas áreas, principalmente por transporte, logística, disponibilidad de proveedores y distancias respecto de los principales centros de distribución.

El aumento sostenido de los combustibles agrega presión a esta realidad. Una empresa de transporte debe asumir mayores costos operacionales. Un pequeño comerciante puede enfrentar incrementos en los valores de reposición de sus productos. Un prestador de servicios que necesita movilizarse entre localidades ve reducidos sus márgenes. Y las actividades vinculadas al turismo y la producción regional pueden experimentar un deterioro de su competitividad.

No todas las empresas tienen la capacidad de trasladar estos incrementos a sus clientes. Muchas deben absorberlos, sacrificando rentabilidad, postergando inversiones o reduciendo gastos. Cuando esta situación se prolonga, sus consecuencias pueden extenderse al empleo y al dinamismo de la economía regional. Por eso, el alza de los combustibles no debe analizarse únicamente como un problema de consumidores. También constituye un desafío para la continuidad y competitividad de las actividades productivas.

Inflación nacional, consecuencias regionales

El incremento del precio de los combustibles también tiene efectos sobre la inflación. Cuando suben los costos de transporte y distribución, aumenta la presión sobre los precios de múltiples bienes y servicios. Este fenómeno resulta especialmente relevante en una economía territorialmente aislada, donde las alternativas logísticas son más limitadas.

Sin embargo, las cifras nacionales de inflación no necesariamente reflejan con precisión las distintas presiones de costos que enfrentan los hogares de cada región. Una variación del Índice de Precios al Consumidor puede describir adecuadamente una tendencia nacional, pero no significa que todos los territorios experimenten sus efectos de manera idéntica.

En Magallanes, el costo de la distancia, las necesidades de transporte y las condiciones de abastecimiento hacen indispensable una evaluación territorial más detallada. La inflación no se experimenta solamente a través de estadísticas. Se manifiesta cuando una familia debe destinar más recursos a movilizarse, alimentarse o adquirir los mismos productos que compraba meses atrás.

Y cuando los ingresos no aumentan al mismo ritmo que los gastos, la consecuencia es una pérdida efectiva del poder adquisitivo. Las zonas extremas necesitan una mirada diferente Chile ha reconocido históricamente que existen territorios cuyas condiciones geográficas requieren instrumentos especiales para promover su desarrollo económico y compensar determinadas desventajas estructurales. Magallanes cuenta con mecanismos de excepción e incentivos que responden precisamente a esa realidad.

Por lo mismo, resulta razonable abrir una discusión técnica sobre la forma en que los aumentos sostenidos de los combustibles afectan a nuestra región y sobre la efectividad de las herramientas disponibles para enfrentar sus consecuencias. No se trata simplemente de exigir subsidios permanentes ni de desconocer las restricciones fiscales del país. Se trata de evaluar medidas focalizadas, financieramente responsables y acordes con las características de las zonas extremas. Entre ellas, debiera considerarse una evaluación específica del impacto del combustible en los costos logísticos regionales, el fortalecimiento de instrumentos de apoyo al transporte y abastecimiento de localidades aisladas, y una revisión de los mecanismos de apoyo a pequeñas empresas particularmente expuestas a estas variaciones.

También resulta indispensable contar con información regional más detallada que permita identificar cuánto inciden efectivamente los combustibles en los precios de los bienes esenciales. Porque aquello que no se mide adecuadamente difícilmente puede abordarse mediante políticas públicas eficaces.

El verdadero costo de la desconexión

El debate sobre los combustibles revela un problema mayor: la dificultad que históricamente ha tenido nuestro país para incorporar las particularidades de las zonas extremas en sus decisiones económicas. Magallanes no necesita privilegios. Necesita que sus condiciones territoriales sean consideradas con criterios de equidad y racionalidad económica. Cuando el combustible aumenta, sus efectos no terminan en una estación de servicio.

Continúan en los camiones que abastecen nuestros supermercados, en los vehículos que conectan nuestras localidades, en las empresas que sostienen el empleo y, finalmente, en el presupuesto de miles de familias. La pregunta que debemos hacernos no es solamente cuánto más subirán las bencinas o el diésel durante las próximas semanas.

La verdadera pregunta es cuánto tiempo puede una economía regional absorber aumentos sostenidos en sus costos sin comprometer su competitividad, su capacidad de inversión y el bienestar de sus habitantes. Porque en Magallanes la distancia ya tiene un costo. Y cada nueva alza de los combustibles amenaza con hacerlo todavía mayor.

El desafío es que las decisiones económicas nacionales reconozcan esa realidad, antes de que sus consecuencias terminen reflejándose en menos inversión, menor actividad económica y una nueva pérdida de poder adquisitivo para las familias de nuestra región.

Por Christian gallardo Castro, Ingeniero Comercial | Exseremi de Hacienda de Magallanes y la Antártica Chilena, columnista.