El general de Carabineros y jefe de la XII Zona de Magallanes, Marco Antonio Alvarado, entregó este lunes sus primeras declaraciones públicas respecto a la acción judicial por tutela laboral ingresada en su contra ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas. Aunque la autoridad intentó transmitir calma, confirmó un dato clave: la existencia de procedimientos administrativos en curso en la institución por este caso.
Al ser consultado por los medios de comunicación regionales sobre si se ha instruido algún sumario debido a la acusación, el alto oficial admitió de forma directa: “Hay investigaciones que se están desarrollando en forma administrativa (...) Pero más allá de eso, no me quiero referir, porque, insisto, no he sido notificado de nada”.
Con esta confirmación, el caso escala del plano judicial al administrativo interno de Carabineros, validando la gravedad de los hechos denunciados a nivel institucional.
"No he sido notificado"
Durante el punto de prensa, el General Alvarado enfatizó que aún no ha recibido el documento legal de la demanda formalizada el pasado 17 de junio. “No he sido notificado de ningún tipo de recurso”, aseguró, añadiendo que mantiene “la absoluta tranquilidad del trabajo que estoy haciendo”.
Asimismo, la autoridad policial matizó su postura de cara al futuro del caso: “Si el día de mañana soy notificado al respecto, daré las explicaciones que correspondan en los lugares que correspondan”. En declaraciones previas, el general también había desestimado los comentarios iniciales catalogándolos como “rumores de redes sociales”.
Los detalles de la denuncia
El caso, que fue revelado originalmente por el medio digital Contrapoder, consiste en una demanda por tutela laboral debido a acoso laboral y despido injustificado.
La denunciante es la Suboficial Mayor Nelty Álvarez, una funcionaria de larga y destacada trayectoria dentro de las filas de Carabineros, quien se desempeñó como escolta de la primera mujer presidenta de la Cámara de Diputados, Adriana Muñoz, y de la expresidenta de la República, Michelle Bachelet, además de haber sido su asistente personal.
De acuerdo con los antecedentes del escrito judicial, el general Alvarado habría ejercido agresiones verbales y un constante hostigamiento laboral hacia la funcionaria durante el año 2025. Según la acusación, este ambiente hostil menoscabó la salud de la suboficial, gatillando la presentación de licencias médicas psiquiátricas y terminando, finalmente, con su desvinculación de la institución bajo la causal de "enfermedad común".
Con las indagatorias internas ya confirmadas por el propio jefe de zona y la demanda radicada en el tribunal laboral de Punta Arenas, el desarrollo de la investigación determinará las responsabilidades de este complejo escenario que remece al alto mando en Magallanes
