El martes 12 de agosto el Senado aprobó los tres vetos presidenciales a la megarreforma propuestos por el ejecutivo. Con esa votación quedó en evidencia lo que muchos sospechaban, que la llamada Ley de Reconstrucción Nacional fue pensada, en lo esencial, para blindar a las grandes empresas y a los inversionistas de alto patrimonio. Los vetos al anatocismo, al olvido financiero y al pago a 30 días a pymes no son ajustes técnicos, son más bien la ratificación de un diseño ideológico que prioriza la estabilidad de las grandes empresas y los incentivos tributarios a la gran inversión por sobre la protección de hogares y pequeños negocios. Los vetos desnudan el alma de la megarreforma y ratifica que la prioridad del gobierno es dar garantías a los más ricos.

La secuencia es elocuente. El gobierno negoció votos con el Partido de la Gente a cambio de reembolsar el IVA a medicamentos y pañales (aunque terminó siendo sólo simbólico). Acordó con Matías Walker a cambio de su voto un fondo particular para Coquimbo. Pero cuando la discusión en el Congreso incorporó normas que aliviaban las deudas de familias y mejoraban la liquidez de pymes, el Ejecutivo activó sus facultades para eliminarlas. Hay espacio para negociar pequeñeces con partidos, pero no para proteger a deudores si eso toca intereses de los más ricos.

Las contradicciones saltan a la vista. En abril de 2026 el subsecretario de Economía anunció que el gobierno fortalecería la Ley de Pago a 30 días. Cuatro meses después, vetó la norma que acortaba plazos acotados de pago dentro de la megarreforma. El discurso oficial dice que las pymes son el motor del empleo, pero la práctica dice que los plazos excepcionales son una herramienta de financiamiento relevante para las empresas, como señaló el oficialismo para justificar el veto.

Lo mismo ocurre con el anatocismo (el cobro de intereses a los intereses de la deuda). El gobierno repite que prohibir el interés sobre interés encarecería el crédito, citando al Banco Central y la CMF. Al mismo tiempo, la megarreforma aprueba una invariabilidad tributaria por 25 años para inversiones desde 50 millones de dólares, lo que en lo concreto congela impuestos a grandes empresas. Se protege la rentabilidad del capital grande y se deja a los deudores expuestos a que sus deudas crezcan por la capitalización de intereses. Como la Master Plop de Bombo Fica, pero que en la vida real es por ejemplo la deuda del CAE de miles de chilenos.

La reserva de constitucionalidad refuerza esta lectura. Hacienda advirtió que normas como la prohibición del anatocismo no respondían a las ideas matrices del proyecto. La oposición presentó reservas contra la invariabilidad tributaria y cambios al SEIA, alegando vulneraciones al debido proceso. El Ejecutivo usa la constitucionalidad para frenar protecciones sociales, mientras la oposición la usa para frenar beneficios a grandes inversiones que dañan las arcas fiscales. Es grotesca la diferencia. De esta forma, el Tribunal Constitucional se convierte en árbitro de un conflicto muy profundo, pero que puede terminar afectando las políticas públicas de los próximos años.

Un ángulo poco explorado es el simbólico. El proyecto se llama Reconstrucción Nacional; sin embargo, el gobierno impugnó ante el Tribunal Constitucional la norma que obligaba a reconectar servicios básicos en zonas de catástrofe, aunque exista deuda. Es difícil explicar a una familia afectada que la reconstrucción pasa por blindar impuestos a grandes inversiones mientras se les quita la posibilidad de tener agua o luz tras una catástrofe. El parlamento aprobó democrática y transversalmente esta medida sólo en circunstancias excepcionales, pero Kast decide sólo eliminarla. La coherencia del gobierno es nula, porque la idea de emergencia y reconstrucción se diluye cuando se cruza con los intereses de las empresas, optando por desproteger a los que más lo requieren.

La evidencia apunta en la misma dirección. El Consejo Fiscal Autónomo advirtió que la megarreforma generará un déficit fiscal hasta 2031. Las grandes empresas se benefician con la rebaja del impuesto corporativo, mientras las familias quedan expuestas a recortes y sin herramientas para aliviar deudas. En consecuencia, el déficit repercutirá en la respuesta del Estado frente a las necesidades de la población, limitando las políticas públicas.

Frente al veto la solución es tratar de reequilibrar el paquete. Primero, reponer una prohibición acotada del anatocismo en créditos de consumo. Segundo, establecer un olvido financiero escalonado para deudores con obligaciones prescritas. Tercero, fortalecer el pago a 30 días con multas efectivas y trazabilidad pública.

Si el gobierno quiere hablar de reconstrucción, que empiece por reconstruir confianza. Que deje de usar la constitucionalidad como escudo para vetar protecciones sociales. Al final, la pregunta es simple. ¿Para quién se escribió la ley? Si la respuesta sigue siendo para los ricos, entonces el nombre correcto no es Reconstrucción Nacional, sino deber ser Reconstrucción de los Privilegiados.

Por Juan Marco Henríquez, columnista.