La estrategia legal de los controladores del ex Club Hípico de Punta Arenas sufrió un tropiezo clave en los tribunales locales. La justicia rechazó la solicitud de la sociedad anónima que buscaba dejar amarrados y "congelados" más de 2.100 millones de pesos como garantía de pago por los supuestos daños que les causó el freno de la millonaria expropiación de sus terrenos.

La disputa se remonta a marzo pasado, cuando el ministro de Vivienda, Iván Poduje, ordenó retirar el proceso de expropiación de las 20 hectáreas del recinto —donde originalmente se iba a construir un mega parque urbano— argumentando razones de ajuste fiscal y acusando que las arcas del Minvu estaban "vacías".

La jugada que no resultó

Ante el portazo del Gobierno, que retiró de la mesa la oferta inicial de 21 mil millones de pesos, la Sociedad Club Hípico (controlada mayoritariamente por la Inmobiliaria Otway) contraatacó judicialmente.

A través de sus abogados, la firma anunció una demanda de indemnización contra el Estado por un monto exacto de $2.179 millones, acusando "perjuicios, daño emergente y lucro cesante" al haber tenido congeladas sus operaciones comerciales mientras duró el trámite de expropiación.

Para asegurar que ese dinero se les pagara sí o sí al final del juicio, la sociedad pidió una medida precautoria urgente: que el tribunal retuviera de forma inmediata esa cantidad desde los fondos que el propio Serviu y el Gobierno Regional habían dejado previamente depositados en la cuenta del juzgado.

Sin embargo, las gestiones de la administración del Club Hípico fracasaron en primera instancia. El tribunal desestimó la retención de los recursos públicos, obligando a los privados a litigar el cobro "a pulso" en el juicio de fondo y sin fondos fiscales retenidos a su favor de manera anticipada.

Millonaria incertidumbre en Bulnes

Con este revés, el paño inmobiliario ubicado en Avenida Bulnes 0601 entra en un limbo complejo. La sociedad ya había iniciado su proceso de disolución ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) al quedarse sin su único activo operativo, apostando por el millonario pago del Fisco.

Ahora, con la expropiación formalmente sepultada por La Moneda y la retención preventiva de dinero denegada por la justicia, los accionistas magallánicos deberán enfrentar una larga batalla en la Corte de Apelaciones para intentar revertir el criterio judicial o forzar de otra manera una compensación patrimonial por parte del Estado.