Un grupo de parlamentarios de las bancadas Republicana y Nacional Libertario presentó un proyecto de ley titulado Escucha su corazón, que pretende modificar el Código Sanitario para exigir que, antes de realizar un aborto bajo la Ley de Tres Causales, el médico obligatoriamente le ofrezca a la paciente la opción de escuchar los latidos del feto. Bajo una fachada que simula defender la libertad individual y el derecho a decidir, se esconde una medida de presión emocional. Es, en los hechos, una forma de tortura disfrazada de opción, ya que acepte o no hay perjuicio. El debate legislativo no puede obviar que las causales vigentes de aborto en nuestro país regulan situaciones trágicas y extremas como el riesgo de vida de la gestante, la inviabilidad fetal letal o los embarazos por violación, escenarios donde la imposición de estímulos de fuerte carga simbólica, como escuchar los latidos, busca deliberadamente forzar el arrepentimiento a través de la culpa.

Para comprender la verdadera naturaleza de este proyecto, es necesario revisar el ideario político de quienes la promueven, donde la medida no representa una novedad, sino una continuidad coherente con su forma de pensar. La iniciativa busca instrumentalizar el dolor ajeno para forzar un arrepentimiento que se alinee con su particular mirada sobre el derecho a la vida, sin importar el costo humano. A estos sectores de extrema derecha no les preocupa en lo absoluto el impacto traumático que este paso tiene sobre la salud de la embarazada, decida o no escuchar los latidos. Esta indolencia ante el sufrimiento psíquico se correlaciona directamente con su constante relativización de los derechos humanos y con su activa defensa de condenados por torturas y crímenes de lesa humanidad presos en Punta Peuco. En su escala de valores, la imposición doctrinaria y el castigo moral sobre el cuerpo femenino siempre prevalecen por encima de la empatía y la dignidad de las personas.

El impacto en la salud mental de las gestantes bajo este escenario es devastador y la psicología clínica lo califica directamente como una forma de maltrato. En la primera causal, cuando la vida de la madre corre peligro, obligarla a pasar por el protocolo de escuchar el corazón fetal es un acto de crueldad extrema que sabotea su instinto de autoconservación y su derecho a la supervivencia. En la segunda causal, la de inviabilidad fetal, nos enfrentamos casi siempre a embarazos largamente deseados y planificados. Someter a unos padres que ya cargan con el diagnóstico letal de su hija o hijo a la audición de sus latidos no aporta información médica, sino que prolonga el sufrimiento de forma sádica, impidiendo un duelo perinatal saludable y transformando la atención asistencial en un acto desalmado.

La situación alcanza niveles intolerables en la tercera causal, referida a los embarazos por violación. La agresión sexual destruye la integridad física y psíquica de la víctima, y la gestación resultante se experimenta como una prolongación de esa violencia. La evidencia científica demuestra que el cerebro de una víctima de abuso opera bajo mecanismos de disociación para sobrevivir al trauma. Obligar a una niña o a una mujer a escuchar el latido del fruto de su agresión rompe esas defensas mentales y produce una revictimización inmediata. No considerar la realidad neurobiológica del trauma en el diseño de una política pública no es ignorancia, sino una decisión política de castigo y disciplinamiento sobre el cuerpo de las mujeres.

La propuesta estipula que, si el médico no realiza este ofreciendo y si no lo registra en la ficha clínica, se deberá negar la práctica del procedimiento. Esto no es información ni consentimiento, es chantaje que el propio Colegio Médico ha rechazado tajantemente por dañar de forma severa la relación médico-paciente. Además, los tratados de derechos humanos ratificados por Chile, como la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas, advierten que imponer sufrimientos psicológicos graves a personas que buscan un servicio de salud legal es una forma de trato cruel e inhumano. Medidas como esta difícilmente cambian las decisiones de las pacientes, pero sí podrían aumentar de manera significativa los diagnósticos de depresión y de trastorno de estrés postraumático.

Frente a este escenario, la solución regulatoria no puede ser la modificación de un protocolo médico para añadir sufrimiento. La respuesta correcta del Congreso debe ser el rechazo absoluto de este proyecto por ser incompatible con la dignidad humana y los estándares de salud pública. Chile necesita fortalecer el acompañamiento multidisciplinario de las tres causales, asegurando atención psicológica de calidad y respeto por la autonomía de las pacientes, en lugar de legislar desde el prejuicio ideológico. Proteger la salud mental de las mujeres es un deber mínimo de humanidad que el Estado no puede delegar.