Por estos días, la Argentina tiene entre manos una de las mayores obras del sector energético, un oleoducto que unirá el yacimiento no convencional Vaca Muerta con la costa atlántica en la Patagonia. Aunque la obra, con un presupuesto de USD 3000 millones, muestra importantes avances hace unos días la UNESCO le reclamó suspender las obras hasta que no reciba nuevos estudios sobre el impacto ambiental en la zona del Golfo San Matías, en el área de Las Grutas.

La UNESCO asegura que ante posibles derrames estos podrían afectar la integridad de Puerto Pirámides, que la organización declaró Patrimonio de la Humanidad en 1999. También indicó que el movimiento de barcos podría afectar la fauna, en unas aguas bien conocidas por el turismo porque constituyen una de las rutas de las ballenas.

No obstante, el gobierno de Javier Milei ya entregó informes medioambientales en el transcurso del 2025 que no satisficieron los requerimientos de los funcionarios.

Por su parte, la mega obra le permitirá a la Argentina exportar desde ese puerto por USD 13.000 millones anuales, una cifra que incrementará la necesidad de divisas que tiene el país.

Más de 22 ONGs y organizaciones rechazan la construcción del oleoducto que es fundamental para lograr la total independencia energética. Además, la zona atlántica que abarca Sierra Grande ha estado afectada por la pobreza y un grave desempleo en los últimos 20 años.

El medio argentino www.plazademayo.com publicó un extenso artículo del también periodista de www.zonazero.cl, Claudio Andrade, en el que se explica el trasfondo de esta polémica entre la UNESCO y el gobierno de Milei.

“El requerimiento de la UNESCO fue comunicado en un lugar tan lejano a la Patagonia como Busan, Corea del Sur, durante la 48.ª sesión del Comité del Patrimonio Mundial. El organismo internacional estableció el 1 de febrero de 2027 como fecha límite para completar la información que, en su visión, aún se encuentra pendiente. Ya en octubre de 2025 la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) había solicitado restablecer el nivel de protección ambiental del Golfo San Matías”, señala el artículo.

“Uno de los argumentos que se levantan desde ciertos sectores de la clase política y las ONG refiere a que el Estado será incapaz de prevenir y supervisar las operaciones en el puerto y así proteger el medioambiente, por lo que el proyecto debería darse por cancelado”, continúa.

“El argumento, claro, parece olvidar que existe Vaca Muerta y que su explotación y efectos ambientales ya se encuentran bajo la supervisión del Estado neuquino en primer término. En el caso del oleoducto deberían involucrarse las provincias de Neuquén y de Río Negro, un hecho que es visto con desconfianza por los opositores en lugar de entenderse como un beneficio. Según su ecuación, dos provincias serían incluso más ineficientes en sus acciones preventivas que una sola. “Mejor no hacer nada” sería la frase de fondo”, sigue.

“Otra de las líneas principales de este debate se relaciona con la injerencia de organismos externos que condicionan la soberanía de la Argentina. Es decir, el país no se encuentra en pleno dominio de su territorio no para desarrollar armas nucleares (no es el caso), sino un oleoducto. Queda transparentado entonces que el Estado debe pedir permiso a organismos que se dan cita en Corea del Sur, por caso, para iniciar obras que beneficien su propio crecimiento en la Patagonia. No es tan extraño que a partir de esto surjan numerosas teorías conspirativas. Porque tampoco está muy claro de dónde obtienen sus fondos las ONG que acuden a la justicia para interponer recursos que dilatan procesos o que lideran, por lo general, furiosas campañas multimedia”, detalla.