Una profunda controversia y transversales reparos en el ecosistema mediático y político ha provocado el avance del proyecto de ley que busca modificar las reglas del Código Procesal Penal respecto del secreto y reserva de las investigaciones judiciales, iniciativa que desde diversos sectores del periodismo ya califican de "Ley Mordaza 2.0".

El texto legal propone endurecer drásticamente las sanciones e imponer mayores restricciones a la filtración de antecedentes, actas y piezas de causas penales en desarrollo. Sin embargo, la redacción de la propuesta ha encendido las alarmas en el Colegio de Periodistas, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) y diversas agrupaciones de la sociedad civil, las cuales advierten un severo menoscabo al ejercicio de la libertad de información y al derecho de la ciudadanía a estar informada sobre causas de alto interés público, especialmente aquellas vinculadas a la corrupción y probidad administrativa.

Desde los gremios de la prensa han señalado que la norma no solo persigue a los funcionarios públicos que vulneren el secreto de los sumarios, sino que genera un efecto inhibitorio y persecutorio sobre la labor periodística de investigación y la protección de fuentes. Se argumenta que restringir el acceso a la información en etapas tempranas debilita la fiscalización que los medios de comunicación ejercen sobre las instituciones del Estado y el propio sistema de justicia.

Por su parte, los defensores de la iniciativa legislativa sostienen que la medida resulta indispensable para garantizar el principio de presunción de inocencia, resguardar el éxito de las diligencias del Ministerio Público y evitar juzgamientos paralelos en los medios de comunicación.

Pese a dichos argumentos, la discusión legislativa promete escalar de tono en las próximas semanas, con organizaciones de prensa solicitando audiencia ante las comisiones respectivas para frenar cualquier articulado que restrinja el periodismo de investigación o pretenda sancionar la publicación de hechos de relevancia ciudadana.