Hay espectáculos políticos que producen una profunda vergüenza ajena, pero pocos resultan tan ajenos a la dignidad humana como la competencia que han montado los últimos gobiernos alrededor de las viviendas sociales. En una suerte de maratón mediática —más parecida a las metas financieras de una Teletón o de las Jornadas Magallánicas que a una política de Estado seria—, las distintas administraciones han transformado el derecho fundamental a la casa propia en un vulgar contador de cifras.

Lo vimos durante la administración de Gabriel Boric y lo seguimos constatando hoy con la gestión de José Antonio Kast. Aunque en los periodos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera el fenómeno asomaba la cabeza, en los dos últimos gobiernos el nivel de desfachatez cruzó cualquier límite. Ministerios, seremías y autoridades locales parecen operar bajo el único mandato de superarle la marca al antecesor: si un gobierno celebra haber entregado dos mil soluciones habitacionales, el siguiente promete dos mil cien, y el que viene eleva la apuesta a dos mil ciento cincuenta. Todo esto, paradójicamente, sobre la base de metas autoimpuestas que solo buscan la foto institucional y el aplauso corto.

Esta dinámica olvida una premisa elemental de la administración pública: garantizar el acceso a una vivienda digna no es un favor gubernamental ni un trofeo de campaña, es un deber constitucional e institucional del Estado. La política habitacional exige continuidad republicana, rigor técnico y respeto por las personas, no un torneo de vanidades sobre quién levanta más paredes en cuatro años.

El ridículo no termina en el despliegue de cifras. La hipocresía se vuelve monumental cuando se aborda el verdadero mal del país: el centralismo. Ambos sectores políticos se llenan la boca criticando el poder sofocante de Santiago, pero tanto el gobierno anterior como el actual han demostrado ser rabiosamente centralistas. En regiones como Magallanes, las autoridades locales y los seremis actúan como meros espectadores o tramitadores de decisiones que se toman a miles de kilómetros. Ninguna autoridad regional "corta el queque", pero todas hacen fila para poner la cara en la ceremonia de entrega cuando la planilla Excel del ministerio central así lo dispone.

Al convertir la vivienda social en una competencia de números y un espectáculo centralista, se pierde por completo la dimensión humana de la crisis. Detrás de cada cifra por la que los políticos se pelean en los matinales y redes sociales, hay familias chilenas y magallánicas que han esperado años en condiciones precarias, hacinadas o pagando arriendos imposibles.

Tener un techo propio es solucionar uno de los dramas más profundos en la vida de una persona. Tratar ese hito existencial como un ítem de metas para justificar la gestión de turno es una falta de respeto inaceptable. Es hora de exigir que la política habitacional vuelva a ser lo que nunca debió dejar de ser: un compromiso serio, silencioso y descentralizado del Estado de Chile con la dignidad de su gente.