La política nacional y regional atraviesa un proceso de descomposición acelerada donde la agresión verbal y la descalificación veloz han reemplazado al debate de ideas. Se ha vuelto una costumbre recurrente que personeros, de ultraderecha, algunas autoridades de gobierno e incluso ministros reaccionen con salidas de madre destempladas ante cualquier crítica razonada a una reforma o proyecto. Esta dinámica no es fortuita: responde a una estrategia deliberada de polarización donde se busca anular al interlocutor a través del ataque personal y la estridencia.

Un fenómeno especialmente peligroso es la pretensión de ciertos actores políticos de situarse al mismo nivel de la prensa. Atacar a los medios de comunicación, desacreditar la labor periodística e inventar falsedades para posicionar relatos interesados atenta directamente contra los pilares democráticos.

Es imperativo marcar una línea clara: la política y el periodismo cumplen roles radicalmente distintos. Mientras el ejercicio periodístico busca auditar al poder, fiscalizar la gestión pública y servir de puente entre las necesidades de la comunidad y la búsqueda de soluciones, la actividad partidaria busca el ejercicio y la conservación del poder. Confundir estos roles —o pretender que un operador político realiza "comunicación"— degrada la conversación pública.

Y más encima, en las últimas horas la irrupción de asesores y estrategas internacionales orientados a la desinformación demuestra que esta proliferación de mentiras y violencia verbal no es fruto del azar, sino de una planificación metódica, que incluso llegó con sus asquerosas garras de simple maldad conveniente y discurso agresivo hasta Magallanes.

Su objetivo final fue y es erosionar la noción misma de verdad empírica hasta que la ciudadanía no pueda distinguir entre lo real y lo ficticio. En este escenario, causa indignación ver cómo ciertos medios locales y nacionales se prestan para funcionar como "lavadoras" de imagen a cambio de jugosos presupuestos publicitarios, aunque la ciudadanía, con notable sentido crítico, rechace en redes sociales esas operaciones de maquillaje.

En Magallanes esta degradación cobra un matiz aún más doloroso. Dirigentes locales han importado directamente estas tácticas de manipulación y desacreditación, rompiendo los equilibrios sociales que caracterizaban a la región. A esto se suma una tibieza institucional incomprensible frente a la locura externas. Ante la imprudencia de voces trasandinas que insisten en revivir añejas e infundadas pretensiones soberanas sobre el territorio magallánico, la respuesta de las autoridades debió ser de una firmeza categórica. En lugar de eso, se observó una actitud timorata, actuando casi como voceros de explicaciones ajenas y agradeciendo el mero cumplimiento de tratados vigentes.

El patriotismo no se reduce a llevar un pin de la bandera chilena en la solapa para la foto oficial; el verdadero patriotismo reside en la defensa irrestricta de la soberanía, en el compromiso ético con la comunidad y en la dignidad de no doblegarse ante instructivos centralistas impartidos desde Santiago.

Hoy, un sector importante de la clase política se ha transformado en un espectáculo de farándula que prefiere nadar en el barro antes que ofrecer soluciones reales. Defender el periodismo libre, la verdad objetiva y el respeto por la soberanía local es la única vía para evitar que el debate público quede sumergido en la irresponsabilidad y el engaño.