En enero el presidente Kast sorprende a la comunidad científica con el nombramiento de Ximena Lincolao Pilquian como ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. La ministra es licenciada en Castellano y Filosofía y obtuvo un doctorado en Administración y Políticas Públicas. La sorpresa se justificaba porque su experiencia laboral está más orientada a la innovación, tecnología, inteligencia artificial y vínculo con el sector productivo, que con la investigación científica tradicional. Su mérito por el cual creo fue designada como ministra no consiste en ser una científica especializada y destacada en un área determinada, sino en su experiencia que combina educación, políticas públicas y empresas tecnológicas. Siendo benevolente uno debería esperar que su desafío será innovar y modernizar el ministerio y sus herramientas en términos de investigación básica, autonomía académica, diversidad disciplinaria y las necesidades regionales de Chile.

Antes de asumir en marzo surgieron las primeras aprensiones: Desconexión con la ciencia académica chilena, inclinación a priorizar la innovación aplicada, desconocimiento del sistema nacional de ciencias y tecnologías (institucionalidad y universidades) y nula relación con la comunidad científica nacional. Todo ello quedaba supeditado a la capacidad de la ministra para escuchar, comprender y articular las políticas públicas de la ciencia nacional y proponer un plan de desarrollo que de cuenta de las diferencias territoriales.

Lincolao asumió el 11 de marzo de 2026, junto con el subsecretario Rafael Araos e inmediatamente anunció un enfoque orientado a la innovación, el emprendimiento tecnológico y la modernización de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID). Ello se mezcló con la instrucción del Ejecutivo de una reducción presupuestaria cercana al 4,7% para la cartera, que Lincolao logró negociar a un 3%.

Su discurso fue que los ahorros vendrían de la modernización administrativa, la reducción de gastos estructurales y una gestión más eficiente del ministerio. Sin embargo, prontamente decidió suspender la formación de capital humano a través de Becas Chile. La decisión fue criticada por académicos y estudiante, que advirtieron que podía perjudicar la formación avanzada de investigadores y la internacionalización de la ciencia chilena. Ello le ocasionó su primer conflicto público siendo increpada por estudiantes y manifestantes durante una visita a la Universidad Austral de Chile.

En el contexto del ajuste presupuestario exigido por el Gobierno trascendió la posibilidad de una reorganización interna y la desvinculación de 40 funcionarios de la cartera. Esa eventual decisión habría provocado un conflicto con el subsecretario Araos quien se habría negado a firmar o ejecutar esas desvinculaciones y habría ofrecido su renuncia. Independiente de quien tenía razón o la veracidad de los hechos, lo cierto es que debilitó la imagen de la ministra y puso un manto de cuestionamiento a su capacidad de control político.

Una segunda polémica surge cuando se informó que la ministra sostuvo reuniones con representantes vinculados a Google que no habrían sido registradas en la plataforma de la Ley de Lobby. Ello generó cuestionamiento sobre transparencia, especialmente porque la ministra promueve una agenda de transformación digital, inteligencia artificial e innovación tecnológica y ha intentado conectar la política científica con el crecimiento económico. Esta orientación ha sido valorada por quienes esperan una política científica más conectada con la economía, pero también criticada por académicos que temen que la investigación básica quede subordinada a prioridades contingentes del Gobierno.

En agosto de 2026, abrió un nuevo conflicto con la reforma de las bases del concurso Fondecyt de Postdoctorado 2027. Las nuevas bases priorizan diez áreas (todas productivas) y permitirán concentrar hasta el 70% de los recursos en esas áreas. El Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), junto con sociedades científicas y otras instituciones académicas, ha pedido revisar o dejar sin efecto los cambios, argumentando que el Estado estaría orientando excesivamente la investigación hacia la ciencia aplicada y debilitando la autonomía académica y la investigación fundamental. Ello volvió a traer a colación sus declaraciones públicas apoyando la idea de Kast que la investigación debe traducirse en resultados económicos y productivos, no sólo en publicaciones (“un libro precioso, empastado, en la biblioteca”).

La última polémica tiene relación con las declaraciones de la ministra sobre las oportunidades laborales que la inteligencia artificial podría abrir para los profesores, donde podrían convertirse en “vendedores” o trabajar en “servicio al cliente” dentro del sector tecnológico. El Colegio de Profesores y los docentes en general interpretaron sus palabras como una ofenda y desvalorización de la profesión docente, subordinada al mercado. La polémica se agrava considerando que su perfil hacía pensar que su desafío o gestión buscaría integrar tecnología, educación y sociedad.

Tras sus primeros cinco meses, la conclusión más razonable es que la gestión de Ximena Lincolao ha sido políticamente desordenada, conflictiva y todavía insuficientemente legitimada ante la comunidad científica. Su principal logro hasta ahora ha sido instalar una discusión sobre eficiencia, innovación, inteligencia artificial y vinculación con el sector productivo. Sin embargo, no tiene logros aún por enrostrar. Por otro lado, su principal fracaso, hasta ahora, ha sido no lograr una agenda que sea percibida como una política de fortalecimiento de la ciencia, muy por el contrario, ha marcado un sello de recortes presupuestarios, control administrativo y subordinación de la investigación a prioridades económicas. Si no mejora el diálogo con universidades, funcionarios, profesores y sociedades científicas, y débil manejo político y comunicacional es muy probable que el exceso de polémicas y conflictos le pasen la cuenta.

Por Juan Marcos Henríquez, columnista.