La gravedad de lo que hoy ocurre en el Liceo Técnico María Behety no radica solo en el uso de sus espacios. El problema de fondo es una verdad política omitida desde el comienzo: toda solución provisoria que afecte a una comunidad educativa exige información completa, compromisos verificables y responsabilidades claras. Para entender este conflicto, es necesario mirar al menos 15 años atrás. Durante ese tiempo, distintas autoridades estudiaron y anunciaron soluciones para reemplazar el Cesfam 18 de Septiembre, fueron múltiples los intentos sin éxito.

Sin entregar una respuesta concreta a un recinto ya colapsado y lejano a las necesidades de una población que esperó demasiado. Desde el Consejo Regional me tocó ver de cerca esa larga peregrinación: años de reuniones con dirigentes vecinales, muchos ya fallecidos, y con representantes que dieron una lucha incansable por un derecho básico: contar con un centro de salud digno.

También faltó en esos tiempos un esfuerzo mayor desde el Ministerio de Salud para resolver el principal obstáculo: el espacio donde ubicar el nuevo Cesfam. Más o menos en el 2020, después de años de reclamos y peticiones, apareció una salida concreta: instalar provisoriamente el Cesfam en módulos de buena calidad mientras se avanzaba en la construcción definitiva.

Era una solución transitoria, respaldada por el convenio de Salud entre el Gobierno Regional y el ministerio, pero también una decisión delicada: implicaba intervenir espacios educativos pertenecientes a una comunidad escolar. La comunidad del Liceo Técnico tenía razones legítimas para desconfiar. Ceder una parte importante de sus espacios no era un detalle menor.

Aun así, la presión de los movimientos vecinales empujó la conversación, bajo la promesa de que el sacrificio tendría sentido porque beneficiaría al mismo barrio 18 de Septiembre. El problema es que se entregaron garantías que hoy resultan difíciles de sostener. Se dijo que el sistema modular era eficiente y que, una vez terminada la obra definitiva, esas instalaciones podrían trasladarse o reutilizarse en otro sector para enfrentar emergencias, como incendios o inundaciones. Esas afirmaciones ayudaron a convencer a la comunidad educativa, pero también generaron expectativas respecto de un arreglo general del Liceo.

Por eso advertí, en más de una ocasión, que había que actuar con cautela. Mi sospecha era clara: una vez instalado el Cesfam provisorio, surgiría la presión por ocupar más espacio, tal como ocurrió con el consultorio Damionovic, que una vez inaugurado quedó pequeño.

Esa preocupación no era infundada. También se anunciaron mejoras sustanciales para los estudiantes y para la comunidad educativa, compromisos que no se cumplieron. La conversación fue difícil y llegó a tensionarse excesivamente, incluso hasta el mismo ingreso de la empresa constructora. También corresponde decirlo con claridad: al inicio del proyecto, el terreno dependía de la Corporación Municipal y, por lo tanto, del municipio.

Desde el 1 de enero de 2024, con la entrada en funcionamiento del Servicio Local de Educación Pública en Magallanes, la administración de esos terrenos cambió. Ese dato no puede omitirse cuando se discuten responsabilidades. Por eso resulta llamativo escuchar críticas de autoridades que tuvieron participación, influencia o responsabilidad en procesos que se arrastran por años. La memoria institucional no puede funcionar solo cuando conviene. Esa experiencia deja una lección que va más allá de este caso particular: las soluciones transitorias pueden ser necesarias, pero solo funcionan cuando sus costos son explicados con honestidad y sus compromisos se cumplen a tiempo.

No se trata de buscar culpables por conveniencia ni de repartir responsabilidades de manera antojadiza. Se trata de algo más simple y más serio: en política hay que decir la verdad desde el comienzo. Ocultar costos, minimizar impactos o adornar decisiones difíciles solo termina agravando los conflictos en el futuro. Probablemente el centro de salud mental, Fibromialgia y Laboratorios terminarán consolidándose en el lugar donde hoy funcionan, pero la disconformidad de la comunidad educativa es comprensible. Su molestia no nace solo por el uso del espacio; nace porque no se transparentó toda la información desde el inicio. La ciudadanía puede molestarse cuando se le dice una verdad incómoda, pero suele valorar la franqueza. Lo que no perdona es sentirse engañada.

También he escuchado a consejeros regionales cuestionar el costo del nuevo consultorio. La fiscalización es legítima y necesaria; nadie debiera incomodarse por ella. Pero si se va a fiscalizar, debe hacerse en serio, con antecedentes completos, criterios claros y sin convertir la crítica en una herramienta selectiva, según sea la provincia Lo mínimo exigible es que las observaciones, reclamos y denuncias se apliquen con el mismo rigor en todos los casos. La transparencia no puede depender del color político, de la conveniencia del momento ni de la cercanía con los involucrados. Si se exige claridad en este caso, ese mismo estándar también debe aplicarse a otros asuntos relevantes que siguen pendientes: La transparencia no admite dobles estándares.

Cuando se trata de recursos públicos y de decisiones que afectan a comunidades completas, la exigencia debe ser siempre la misma: verdad desde el comienzo, responsabilidades claras y fiscalización pareja.

Por Miguel Sierpe Gallardo, columnista.