Una profunda marejada política atraviesa la relación entre los gobiernos regionales y el nivel central. La reunión sostenida entre la Asociación de Gobernadores Regionales (Agorechi) y el Ministerio de Hacienda concluyó sin acuerdo, encendiendo las alarmas en los territorios ante el drástico ajuste fiscal proyectado por el Ejecutivo en la elaboración de la Ley de Presupuesto 2027.

El nudo ciego del conflicto radica en la propuesta planteada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, que contempla una reducción de fondos de inversión regional de hasta un 7% —que en términos reales y descontando inflación podría alcanzar una caída cercana al 10%—. Desde el bloque de autoridades regionales calificaron la medida como un "atentado" al proceso de descentralización y advirtieron que representaría el recorte más severo aplicado a las arcas regionales en más de tres décadas.

La disputa por las cifras: ¿Subejecución o trabas burocráticas?

El argumento del Ejecutivo para justificar el tijeretazo presupuestario se sostiene en un presunto bajo nivel de ejecución de las inversiones públicas regionales durante el año en curso, el cual desde el nivel central cifran en torno al 20%.

Sin embargo, los gobernadores rechazaron tajantemente ese diagnóstico. Encabezados por el presidente de Agorechi y gobernador de Los Lagos, Alejandro Santana, las autoridades subnacionales argumentan que Hacienda incurre en un grave error de interpretación al calcular los balances sobre fondos aprobados y no sobre los efectivamente ejecutados. Según los registros de los propios Gobiernos Regionales, el margen de falta de gasto alcanza apenas un 4,1%, brecha que atribuyen a los excesivos lomos de toro administrativos de los ministerios centrales y a retrasos en convenios dependientes de servicios del Gobierno Nacional.

Tensión en el Congreso a semanas de la presentación oficial

Pese a los intentos del subsecretario de Desarrollo Regional, Sebastián Figueroa, por bajar el tono a la controversia y catalogar el encuentro como una fase preliminar del diálogo, las posturas se mantienen completamente distanciadas a pocos días de que el proyecto de Ley de Presupuesto 2027 sea ingresado formalmente al Congreso Nacional.

La discrepancia presupuestaria ya encontró eco en el Poder Legislativo, donde parlamentarios de zonas extremas y de diversas comisiones han manifestado su preocupación ante el impacto que un ajuste de esta magnitud tendría en la reactivación económica local, la generación de empleo y el financiamiento de obras de infraestructura clave para regiones como Magallanes. Con las negociaciones estancadas, el debate se trasladará directamente a los pasillos del Parlamento, donde los gobernadores buscarán hacer valer su peso político para revertir la propuesta de Hacienda antes de la votación decisiva.