Las declaraciones del brigadier general argentino Gustavo Valverde y de la senadora Patricia Bullrich tuvieron un efecto inesperado: devolvieron a Magallanes al centro de la discusión nacional. Valverde sostuvo que Argentina debía mantener presencia y control estratégico en la zona del estrecho de Magallanes. Bullrich, en tanto, relativizó los límites establecidos en el tratado de 1981, aunque luego aclaró que había confundido el estrecho de Magallanes con el canal Beagle.

Más allá de la gravedad de estos dichos, ambas intervenciones despertaron a un país que, durante demasiado tiempo, ha tolerado licencias discursivas al otro lado de la frontera y ha postergado sus propias responsabilidades en el extremo austral. La controversia también permitió medir el compromiso de la dirigencia chilena con la soberanía y con la región.

En pocas semanas llegaron delegaciones de autoridades y se anunciaron inversiones en infraestructura disuasiva, aeródromos, puertos y conectividad. Es positivo que Magallanes haya recuperado visibilidad y que su importancia estratégica forme parte de las discusiones futuras. Sin embargo, esta reacción también deja al descubierto una falla profunda: el Estado vuelve la mirada hacia la región solo cuando una provocación externa expone el abandono acumulado.

Chile debió prepararse hace años para el deterioro progresivo del canal de Panamá y los posibles cambios en las rutas marítimas. No lo hizo. El centralismo desoyó las reiteradas demandas regionales y dejó al país rezagado en capacidad logística, marítima, aérea y terrestre.

La comparación en Tierra del Fuego es elocuente: mientras Argentina impulsó su poblamiento en un 1.500 % mediante leyes especiales, el territorio chileno mantiene niveles de población similares a los de la década de 1980.

La postergación también alcanza demandas de alto valor histórico. La propuesta de declarar feriado regional el 21 de septiembre, para conmemorar la toma de posesión del Estrecho por la goleta Ancud, debió esperar más de veinticinco años y solo avanzó al calor de esta crisis y de la conveniencia política.

La desatención no es una impresión reciente. Puedo contar con sinceridad que en cierta ocasión, fui amenazado por el edecán de un ministro de Defensa después de cuestionar directamente el escaso compromiso con la presencia chilena en Magallanes y la Antártica. El paso del tiempo ha confirmado el problema: buena parte de la inversión relevante en estos territorios ha debido financiarse con recursos regionales.

Por eso, las visitas y declaraciones actuales solo serán creíbles si se traducen en, propuestas garantizadas, plazos establecidos y públicos, responsables debidamente identificados y mecanismos de control donde participe activamente le región.

Cabe, entonces, agradecer irónicamente a Valverde y Bullrich por haber despertado una preocupación que Chile mantuvo dormida durante décadas. Pero sería imperdonable que todo terminara en ceremonias, discursos y promesas. La soberanía no se defiende con patriotismo ocasional, sino poblando, conectando e invirtiendo de manera permanente en Magallanes y la Antártica Chilena. Si el interés desaparece cuando se apague la controversia, quedará demostrado que la región sigue siendo utilizada como símbolo nacional mientras se la posterga en los hechos.

Magallanes necesita una política de Estado descentralizada, vinculante y sostenida. Sus autoridades deben ser juzgadas por las obras que cumplen, no por los anuncios que repiten.

Un punto aparte merece la actitud de parlamentarios y autoridades, entre ellas, un Magallánico, que vitorearon y aplaudieron con entusiasmo al presidente argentino mientras este agraviaba gratuitamente a Chile.

La defensa de la soberanía no admite conveniencias partidistas ni gestos ambiguos. Exige la misma firmeza ante las provocaciones externas que frente a la desidia interna.


Miguel Sierpe Gallardo, columnista.