El anuncio del inicio de las mesas técnicas lideradas por el Gobierno Regional, el Ministerio de Hacienda y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para definir las bases de la concesión de la Zona Franca de Punta Arenas hacia los próximos 30 años ha sido presentado como un hito institucional. El proceso busca sentar la estructura del recinto franco más allá de 2030, abriendo el debate a la expansión territorial, zonas remotas y la ansiada inclusión de servicios profesionales y tecnológicos.

Sin embargo, detrás de los números de asistencia, el empleo generado y las proyecciones de inversión expuestas públicamente por la administración saliente, surge una interrogante de fondo que cala en los principios básicos de la probidad pública y la libre competencia: ¿Es lógico, transparente y tácticamente adecuado que la actual concesionaria —Sociedad de Rentas Inmobiliarias (SRI)— integre y catalogue activamente la mesa técnica que diseña el negocio del cual finaliza contrato en cuatro años más?

El dilema del "juez y parte": ¿Información privilegiada o insumo necesario?

La participación del gerente general de la actual concesionaria, Eugenio Prieto, opinando e impulsando líneas operativas sobre el modelo de negocio futuro, abre flancos éticos e institucionales inevitables:

  1. ¿Existe un conflicto de interés manifiesto? Aunque la administración saliente posea una vasta experiencia operativa sobre el comportamiento comercial de Magallanes, su presencia directa en la mesa donde se delibera cómo debe ser la licitación del período 2030-2060 le otorga una posición de privilegio. La empresa que hoy administra el recinto no solo escucha la visión del Estado, sino que participa activamente en el diseño de las reglas del juego.
  2. ¿Se vulnera la igualdad de condiciones entre oferentes? Para cualquier actor privado, grupo económico local o internacional que pretenda disputar la concesión a partir de 2030, el escenario resulta desequilibrado. Quien hoy administra el recinto no solo cuenta con la curva de aprendizaje de casi dos décadas, sino que accede de primera mano a las proyecciones, exigencias, debilidades y vacíos que el propio Gobierno Regional y el BID están detectando en el proceso.
  3. ¿Por qué la concesionaria saliente marca la agenda temática? Que el actual operador encabece el discurso sobre la ampliación de metros cuadrados, las encuestas de percepción ciudadana o la urgente necesidad de modificaciones legales para incorporar servicios, sitúa la discusión pública bajo la narrativa de la actual administración, diluyendo el rol del Estado como regulador imparcial y concedente.

¿Ocurre esto en otros procesos licitatorios del Estado?

En el derecho administrativo chileno y en la práctica de grandes concesiones públicas —como autopistas, aeropuertos o puertos— la relación entre el concedente y el concesionario vigente suele regirse por un estricto principio de separación durante las fases prelicitatorias.

Si bien es habitual que la autoridad requiera información técnica o balances de gestión del operador saliente mediante requerimientos transparentes y abiertos, no es común que el incumbente se siente en la mesa de diseño institucional junto al regulador para proyectar las bases de las próximas tres décadas.

Cuando el incumbente participa en la definición del " traje a la medida " técnico, el mercado suele reaccionar con desconfianza, inhibiendo la llegada de nuevos competidores y restringiendo la tensión competitiva que beneficia, en última instancia, al fisco y a los usuarios.

La responsabilidad del Estado y el desafío de la transparencia

Nadie discute la urgencia de modernizar la Zona Franca de Punta Arenas ni la pertinencia de evaluar modelos mixtos como los de Uruguay o Costa Rica. Tampoco se cuestiona el derecho de Sociedad de Rentas Inmobiliarias a postular nuevamente en 2030 si las bases así lo permiten.

Lo que exige máxima nitidez institucional es la frontera entre la fiscalización, la toma de datos, y el co-diseño de la política pública.

Si el Gobierno Regional y el Ministerio de Hacienda buscan entregar certezas y legitimidad a un proceso estratégico para Magallanes, el tratamiento de los insumos aportados por la actual concesionaria debiera ser técnico, transparente y canalizado por la vía formal de audiencias o informes públicos.

La pregunta que la comunidad y muchos actores económicos deben hacerse antes de que concluya el proceso actual es directa: ¿Estamos proyectando la Zona Franca del siglo XXI con una mirada neutral de Estado, o estamos permitiendo que actores externos a esa responsabilidad pongan la música con la que todos los demás tendrán que bailar en 2030?