El nombramiento de la abogada Claudia Arancibia Cortés como fiscal instructora de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), a mediados del año pasado, viene provocando una profunda inquietud en el sector salmonero de Chile.

La disconformidad de las empresas radica en su innegable historial de activismo y acciones legales impulsadas contra la industria acuícola antes de asumir este cargo regulador, rol desde el cual hoy debe fiscalizar a dichas firmas.

Arancibia Cortés, a través de sus artículos que se pueden leer en redes, se ha mostrado claramente como una opositora a la actividad en toda su dimensión productiva.

En sus múltiples escritos como consultora externa de la ONG AIDA, Arancibia Cortés sostiene una postura muy crítica hacia la salmonicultura.

Respecto a los impactos en los fiordos patagónicos, advertía: "el cultivo intensivo de salmón implica la descarga excesiva de materia orgánica al mar debido a la acumulación de alimentos no consumidos y heces (...), lo que lleva a que se generen condiciones anaeróbicas, traducidas en la disminución y pérdida del oxígeno disuelto en el agua".

Además, cuestionaba de forma radical la eficacia del marco sancionatorio al señalar que "las sanciones impuestas a las empresas infractoras no han sido suficientemente ejemplificadoras ni disuasivas", citando casos emblemáticos como el escándalo de "Salmon Leaks" protagonizado por Nova Austral.

A través del informe "Biodiversidad marina bajo amenaza", publicado en junio de 2024 por el Centro Ecoceanos, una ONG que rechaza la actividad, Arancibia cuestionó el desempeño de las instituciones públicas chilenas frente al cumplimiento del Acta de Protección de Mamíferos Marinos de EE. UU. (MMPA-US).

En el texto apuntó que "la producción intensiva y con altas densidades de ejemplares confinados, características de la industria del salmón, la expone a la presencia de patógenos virales, bacterianos y parasitarios (...), provocando graves contingencias sanitarias", sumado al uso intensivo de antimicrobianos en la producción nacional.

Su labor contra el sector no se limitó al ámbito académico y de difusión. En 2023, la jurista ingresó denuncias formales ante la SMA y el Ministerio Público en contra de la salmonera Australis por situaciones de sobreproducción ilegal.

La transición de Arancibia desde denunciante y activista ambiental a fiscal instructora encargada de sancionar a la propia industria salmonera genera fundados cuestionamientos en el sector privado respecto de la verdadera objetividad e imparcialidad de la funcionaria en sus fiscalizaciones.

En otro de sus artículo titulado “Sushi con salmón, daños por montón” puede leerse una posición en donde no se rescata nada de la industria que da empleo a más de 80 mil personas en todo el país y que representa uno de los principales motores económicos en toda la región.

En la presentación de sus artículo puede leerse sin posibilidad de error respecto de su posición: “Claudia Arancibia Cortés es Consultora Externa del Programa de Biodiversidad Marina y Protección Costera de AIDA. Es abogada por la Universidad Diego Portales. Ha participado desde muy joven en actividades extraprogramáticas enfocadas en la protección del ambiente y de los animales. Como consultora de AIDA, colabora con el proyecto "Detención de la Expansión de la Salmonicultura en la Patagonia Chilena".