Todos conocemos esa lucecita amarilla del tablero. Se enciende sin aviso y nos obliga a sacar cuentas rápidas: cuántos kilómetros quedan, si alcanzo a llegar a la casa, si aguanto hasta fin de mes. Durante años fue una molestia ocasional. Hoy, para miles de familias chilenas, se volvió una forma de vida. Andamos en reserva: el estanque, el sueldo y la paciencia marcando el mínimo al mismo tiempo.

Las cifras lo confirman. Según el INE, la inflación de octubre llegó a 4,5% anual, empujada por los combustibles: en lo que va de 2026 las gasolinas acumulan un alza de 26,2% y el diésel, de 53,5%. Este 12 de noviembre llegó la sexta alza consecutiva, y hay economistas que ya proyectan un IPC cercano al 5% para fin de año, lejos de la meta del 3% del Banco Central. Y no es solo el surtidor: en octubre las papas subieron 12% y los tomates 11,2%. Cuando sube el transporte, sube todo lo que viaja en camión, y en Chile casi todo viaja en camión.

Pero el dato que más me ha hecho pensar estos días no viene del Banco Central, sino de la calle. Un estudio de Chiledeudas, realizado durante las últimas dos semanas a más de 6.000 personas, muestra que en Magallanes quienes pagan la bencina con tarjeta de crédito pasaron del 35% al 70%. A nivel país, la cifra llega al 80%. Dicho de otro modo: siete de cada diez magallánicos están llenando hoy el estanque con plata que todavía no han ganado.

En Punta Arenas esto no es un detalle. Aquí el auto no es un lujo ni un capricho: es la herramienta con la que se llega al trabajo entre el viento y la escarcha, con la que se lleva a los niños al colegio en pleno invierno, con la que el emprendedor reparte sus pedidos o el técnico llega donde su cliente. Desde marzo, las gasolinas han subido entre $419 y $428 por litro, y el diésel casi $675. Hoy, en los surtidores de la ciudad, la 93 bordea los $1.667 y el diésel los $1.738. Llenar el estanque dejó de ser una compra y pasó a ser una decisión financiera.

El mismo estudio desarma la idea de que esto sea un problema de “malos administradores”. El 55% de los encuestados son trabajadores dependientes, con contrato, que necesitan su vehículo para generar ingresos; un 25% son emprendedores que lo usan para llegar a sus clientes, y un 20%, profesionales independientes. No hablamos de paseos de fin de semana: hablamos de gente que se endeuda para poder trabajar. Y lo saben. El 39% de quienes se endeudaron cree que no podrá con la carga y que probablemente caerá en morosidad; otro 30% anticipa problemas para pagar las cuotas. Solo tres de cada diez están tranquilos.

Habrá quien diga que el alza viene de afuera, que el precio del petróleo lo define una guerra en Medio Oriente y no una oficina en Santiago. Es verdad a medias. El conflicto encareció el barril, pero fue este Gobierno el que decidió cuánto de esa alza llegaría a nuestros bolsillos. En marzo, a dos semanas de asumir, modificó por decreto el Mepco, el mecanismo que desde 2014 funcionaba como amortiguador frente a los saltos del precio internacional, con el argumento de que costaba unos US$200 millones a la semana. El resultado fue la mayor alza de los combustibles en 46 años: la 93 subió $370 por litro y el diésel $580, de un golpe. Hacienda se “ahorró” cerca de US$1.600 millones en pocos meses, pero ese ahorro no desapareció: lo pagaron las familias en el surtidor y, como muestra el estudio, en cuotas. Por eso cuesta aplaudir que hoy el mismo Gobierno anuncie congelar los precios por 90 días. Es como sacarle los amortiguadores al auto y después regalar un cojín para el asiento. Y miremos el calendario: el congelamiento dura hasta febrero; las cuotas, bastante más.

El riesgo es que la reserva termine en panne. El propio director de Chiledeudas advierte que la morosidad podría volver a acercarse a los 4,2 millones de personas, y superar los 5 millones si se suman las deudas de salud. Una familia morosa no solo deja de pagar: pierde acceso al crédito, vive con angustia y esa tensión entra a la casa. Como profesor lo he visto muchas veces: la preocupación económica de los adultos también se sienta en la sala de clases, al lado de los niños.

¿Qué hacer? Al Estado le corresponde entender que en regiones extremas como la nuestra el combustible no es un gasto más, sino la condición para trabajar, devolverle al Mepco su rol de amortiguador y diseñar alivios que duren más que un trimestre. A los municipios, acercar orientación financiera concreta a los barrios: no folletos, sino personas que ayuden a ordenar las deudas antes de que revienten. Y a cada uno de nosotros, atender la advertencia que repiten los especialistas: nunca financiar la bencina con avances en efectivo, el producto más caro del mercado.

La luz de reserva tiene una virtud: avisa a tiempo. Nos dice que todavía podemos llegar, si tomamos decisiones ahora. Chile entero tiene esa luz encendida en el tablero. La pregunta es si vamos a hacerle caso, o si seguiremos manejando, mirando para otro lado, hasta quedar detenidos en mitad de la pampa.

Por Jonathan Cárcamo Gómez, concejal de Punta Arenas, profesor diferencial y psicopedagogo, columnista.