En la política chilena de las últimas semanas se ha consumado un espectáculo sombrío donde el sentido común y la empatía ciudadana quedaron definitivamente desterrados de los pasillos del poder. A medida que la indignación pública escalaba por las fallas en el control de condenas a delitos extraordinariamente sensibles, la respuesta del Gobierno y las cúpulas parlamentarias no fue la autocrítica ni la asunción de responsabilidades, sino el clásico atrincheramiento ideológico.

La baja rotunda en las encuestas y el rechazo social masivo no bastaron para frenar una dinámica donde la preservación de un cargo individual se transformó en la única batalla que parece importar a la clase dirigente.

El escenario que hoy se vislumbra en el Congreso es el reflejo de un gallito entre bloques que ignoran las prioridades más básicas de la ciudadanía. Si el oficialismo termina haciendo valer su aritmética partidaria para salvar al ministro y frenar la acusación constitucional, nadie en la plaza pública percibirá ese resultado como una victoria de la institucionalidad o de la justicia. Al contrario, se constatará la victoria de la trinchera y del marcaje de puntos políticos por sobre el reproche ético y la idoneidad técnica. Salvar a una autoridad bajo la sola premisa de no entregarle un triunfo a la oposición es la prueba más palmaria de una desconexión que ya raya en el cinismo.

El costo de esta miopía táctica no lo pagarán los partidos ni las bancadas en el corto plazo, sino la ya maltrecha confianza en la democracia.

Cuando las peleas de palacio se imponen a la opinión pública y las responsabilidades políticas se disuelven en función de la mayoría de turno, el mensaje que se envía al país es devastador. Porque el camino mostrado es que las instituciones no están para proteger a los ciudadanos, sino para blindar a las autoridades. Al insistir en esta lógica de confrontación sorda y rechazo a la autocrítica, la propia clase política se está poniendo la soga al cuello, alimentando un desencanto social que tarde o temprano terminará por pasarle la cuenta a todo el sistema.

Esta obstinación en aislarse de la realidad cotidiana de las personas comunes solo ratifica una fractura profunda entre la agenda real del país y la agenda de la élite gobernante.

Mientras en las calles la ciudadanía demanda respuestas contundentes, rigor ético e instituciones firmes ante cualquier atisbo de impunidad, en los comités parlamentarios se negocian cuotas de poder y blindajes mutuos. El cálculo de supervivencia inmediata que hoy empuja a salvar un ministerio termina por demoler los últimos puentes de credibilidad que le quedaban al Poder Ejecutivo y al Legislativo, dejando en evidencia un ejercicio de la política que se habla a sí misma y se mira el ombligo.

Las consecuencias de este triunfo pírrico cruzarán barreras ideológicas y perdurarán mucho más allá de un ciclo legislativo o de un periodo presidencial. Salvar una cabeza en la Cámara no borrará de la memoria colectiva el hecho de que se priorizó el marcador partidista sobre la justicia moral. La política tradicional olvida que el crédito ciudadano no es infinito, y que cada voto emitido para encubrir la negligencia política es una palada de tierra más sobre la tumba de la legitimidad democrática, un terreno fértil para que el descontento popular busque salidas a través de canales cada vez más impredecibles y destructivos.

Al final de este capítulo, no habrá aplausos ni vencedores morales en ningún sector, solo un edificio institucional cada vez más vacío de autoridad y respeto. Los congresistas podrán celebrar la efectividad de sus mayorías numéricas y La Moneda podrá respirar aliviada en la cuenta del día, pero afuera la condena ya está firmada.

En esta carrera ciega por no dar el brazo a torcer, la política formal ha decidido apretar el nudo de su propia soga, entregando a la opinión pública la confirmación definitiva de que sus indignaciones, temores e injusticias valen menos que un asiento en el gabinete.