En los fríos canales y fiordos de la Región de Magallanes se juega una de las mayores paradojas de la economía austral. Mientras los balances de comercio exterior sitúan a la salmonicultura como el indiscutido motor exportador regional —representando cerca del 50% de los envíos al extranjero con repuntes que han llegado al 17% o 19% anual—, en los escritorios del nivel central en Santiago la actividad permanece atada a un nudo ciego de permisos, retrasos y nulos avances regulatorios.

Es el contraste entre la pujanza de un sector privado capaz de posicionar a la Patagonia en las mesas de Estados Unidos, Brasil y Asia, y una burocracia estatal que lleva más de 15 años sin tramitar solicitudes que ya cuentan con aprobación ambiental. Un choque que no solo frena dólares, sino que ahoga la creación de empleo formal en un territorio que demanda diversificación y desarrollo local.

Para entender la magnitud del fenómeno basta con mirar la infraestructura instalada. Magallanes cuenta con plantas de proceso preparadas para procesar cerca de 200.000 toneladas anuales de salmón. Sin embargo, la producción real permanece congelada en torno a las 150.000 toneladas.

La respuesta no está en la falta de demanda internacional ni en el esfuerzo de los productores locales, sino en los límites biológicos y legales de las concesiones autorizadas. En la región existen alrededor de 130 concesiones otorgadas, pero debido a los descansos sanitarios obligatorios y los esquemas de rotación productiva requeridos por la normativa, solo operan entre 40 y 50 de forma simultánea.

Cada centro posee un techo productivo estricto. Para crecer, procesar más y contratar más personal, la única vía sostenible es otorgar nuevas concesiones o concretar las reubicaciones fuera de áreas de conservación. Actualmente existen 22 solicitudes de concesión en Magallanes que obtuvieron su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable antes del año 2016. Son proyectos que superaron todas las exigencias técnicas y ambientales de los organismos fiscalizadores del Estado, pero que llevan hasta 16 años atascados en el trámite final de otorgamiento administrativo.

El costo social: Capacidad ociosa y empleo formal no creado

El costo de esta traba institucional no se mide únicamente en toneladas o divisas no liquidadas. Se mide en el impacto directo sobre los hogares magallánicos. Con una tasa de desocupación regional que bordea el 6,0%, la industria salmonera representa una de las principales fuentes de contratación formal de la zona austral, generando más de 3.000 empleos directos y movilizando una red de cientos de prestadores de servicios externos.

Las plantas de procesamiento operan con una capacidad ociosa estimada en un 25%. Se trata de instalaciones ya construidas en la región que podrían estar empleando a cientos de operarios y jefas de hogar adicionales de manera continua si contaran con la materia prima que hoy no se puede cultivar por falta de destrabe concesional. La salmonicultura no solo aporta con divisas, si no que además cumple un rol de integración territorial clave. Mantener operando infraestructura y presencia humana continua en los fiordos más remotos de la Patagonia es ejercer soberanía efectiva allí donde el Estado difícilmente llega con recursos directos.

Salir de las áreas protegidas: El callejón sin salida de la relocalización

El argumento habitual frente a la expansión de la acuicultura apunta a la protección de los ecosistemas en Parques y Reservas Nacionales. Sin embargo, la propia industria ha manifestado su disposición de reubicar y reordenar sus operaciones fuera de áreas protegidas.

El problema es que la vía de la relocalización tampoco funciona. Tras los reveses normativos e interpretativos en el Tribunal Constitucional y los vacíos legales para aplicar procedimientos simplificados de traslado, las empresas que quieren mover sus centros fuera de zonas sensibles se encuentran con el mismo paredón burocrático. Es decir, expedientes que no avanzan y superposiciones regulatorias que registran años de espera sin resolución. No se otorgan nuevas concesiones fuera de áreas protegidas, no se permite agilizar la salida voluntaria de los parques mediante relocalización y, como resultado, se mantiene congelada la producción total de la región.

La necesidad de un pacto por el desarrollo regional

Frente a esta parálisis, recientemente se conformó una Mesa del Salmón público-privada en Magallanes, cuyo objetivo manifiesto es intentar destrabar más de 250 millones de dólares en inversiones paralizadas por nudos regulatorios.

El desafío para las autoridades regionales y el nivel central no radica en relajar las exigencias ambientales ni en pasar por alto la fiscalización. Por el contrario, la demanda del territorio es por certeza jurídica y eficiencia procedimental. Si un proyecto cumple con la ley y obtiene su aprobación ambiental, el Estado no puede demorar tres administraciones presidenciales en firmar el decreto definitivo.

Magallanes no se puede dar el lujo de mantener un freno de mano puesto en su principal sector exportador. La oportunidad de generar trabajo de calidad, diversificar la matriz de proveedores locales y fortalecer el poblamiento de la Patagonia austral está sobre la mesa. Solo falta que la voluntad política en la capital tenga la misma agilidad y visión de futuro que exigen los fiordos del sur.