Con el objetivo de establecer una hoja de ruta clara y coordinada para combatir la delincuencia, el Consejo Regional de Seguridad Pública y Prevención del Delito de Magallanes definió las prioridades estratégicas que orientarán el trabajo de las instituciones del Estado en la región entre julio de 2026 y julio de 2027.
La sesión estuvo presidida por la delegada presidencial regional, Ericka Farías, y contó con el seremi de Seguridad Pública, Ronald López, en el rol de secretario ejecutivo. Tras analizar el Diagnóstico Regional de Seguridad Pública, los integrantes del Consejo votaron y acordaron focalizar los esfuerzos en tres delitos de alta connotación: el tráfico y microtráfico de drogas, la violencia intrafamiliar, y las violaciones y delitos sexuales.
Foco en incivilidades y realidades locales
Además de los delitos principales, las autoridades priorizaron el consumo de alcohol y drogas en la vía pública como la principal incivilidad a erradicar, debido a su impacto negativo en el uso de los espacios comunes. En el ámbito comunitario y educativo, se definió la violencia escolar como el fenómeno regional a intervenir, mientras que el abigeato se estableció como la máxima prioridad para las comunas rurales, atendiendo a las características territoriales de Magallanes.
Estas prioridades serán la base para la confección del Plan Regional de Seguridad Pública, el Plan Regional de Prevención del Delito y el Plan de Acción Rural.
Reacciones de las autoridades
La delegada presidencial, Ericka Farías, destacó el consenso alcanzado: “El delito más recurrente y que ganó por amplia mayoría es el tráfico de drogas, que es una preocupación para nuestra región, seguido del microtráfico, los delitos sexuales y la violencia intrafamiliar. Ahora debemos definir el eje para iniciar el trabajo de este plan estratégico, que comenzará en el mes de julio”.
Por su parte, el seremi Ronald López explicó que este proceso responde a una metodología del Ministerio de Seguridad Pública. “Cada una de las instituciones participantes se compromete con tareas que serán ejecutadas desde julio de 2026 a julio de 2027, con su respectiva evaluación sobre cómo estamos impactando y si estamos llegando a la comunidad que queremos blindar”, detalló.
Desde las policías, el jefe de la región policial de la PDI, prefecto inspector Carlos Vásquez, coincidió con el diagnóstico: “El tráfico ilícito de drogas en sus distintas formas sabemos que está asociado directamente al crimen organizado. Además, estos fenómenos posteriormente derivan en otro tipo de violencia, como el uso de armas de fuego. Nosotros lo tenemos como la prioridad número uno a nivel nacional y regional”.
Finalmente, la fiscal regional (s), Johanna Irribarra, valoró la instancia señalando que el objetivo es que “todos los estamentos del Estado podamos trabajar de forma mancomunada y en conjunto, para tener un plan de trabajo enfocado directamente en la seguridad de la ciudadanía”.
En el encuentro participaron representantes del Gobierno Regional, Carabineros, PDI, Fiscalía, Gendarmería, los seremis de Desarrollo Social, Justicia, Vivienda, Educación, Mujer y Equidad de Género, Hacienda, y del Consejo Regional (CORE) de Magallanes y de la Antártica Chilena.
