El caso de los subsidios habitacionales irregulares que ZonaZero reveló en exclusiva escaló a los tribunales. El abogado Robinson Quelín formalizó una acción penal basada en los mismos documentos oficiales: Dos parejas de autoridades públicas habrían accedido a viviendas del Fondo Solidario mediante un procedimiento invertido que, según el propio SERVIU, dejó a familias vulnerables reales fuera del beneficio.

Lo que comenzó como una alerta levantada por funcionarios del propio SERVIU Magallanes ha llegado a los tribunales de justicia. Quelín presentó el 1 de junio de 2026 ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas una querella criminal por fraude al fisco (artículo 239 del Código Penal) en contra del diputado Alejandro Gabriel Riquelme Ducci y del exdirector regional del SERVIU, Dubalio Francisco Pérez Ruiz. La causa quedó radicada bajo el rol O-2011-2026 y fue recibida por el tribunal ese mismo día al mediodía, según consta en el certificado emitido por la Oficina Judicial Virtual del Poder Judicial.

La acción penal se sustenta en el Oficio Ordinario N°64 del Director Regional (S) del SERVIU Magallanes, Omar González Asenjo, remitido el 8 de mayo a la Fiscalía Regional de Magallanes a cargo del Fiscal Regional Cristian Crisosto Riffo, y el Oficio N°68 del 12 de mayo, dirigido al Procurador Fiscal del Consejo de Defensa del Estado, Claudio Benavides Castillo. Ambos oficios describen un esquema de irregularidades en la tramitación de reemplazos de beneficiarios del programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda, regulado por el Decreto Supremo N°49 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, beneficio reservado exclusivamente para familias del 40% más vulnerable del país.

El procedimiento legal establece que ante la renuncia o exclusión de un postulante, es la Entidad Patrocinante quien solicita formalmente el reemplazo. Lo que describen los documentos es lo contrario. Según los antecedentes reunidos por el SERVIU, habría sido la propia Jefa del Departamento de Operaciones Habitacionales, Jacqueline Lleucún Uribe, quien proponía directamente los nombres de las personas a incorporar. La inmobiliaria Salfa Austral Ltda. formalizaba luego la solicitud con el nombre ya sugerido, y era la misma Lleucún Uribe quien dictaba la resolución exenta que materializaba el reemplazo. Una sola funcionaria proponía, tramitaba y resolvía. El Oficio N°64 concluye que esta forma de proceder se aparta de los parámetros objetivos y equitativos que el programa exige.

El primer caso documentado involucra a Susan Liliana Chicuy Godoy, incorporada al proyecto habitacional Estepa Austral I mediante la Resolución Exenta N°1117 del 7 de julio de 2022. La denuncia acredita que Chicuy Godoy mantiene una relación de convivencia de 18 años con el diputado Riquelme Ducci y tiene tres hijos en común con él, vínculo que la propia beneficiaria declaró en audiencia ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, según consta en la sentencia de la causa RIT 1100-2023. Pese a ello, al momento de postular al subsidio habría omitido declarar esa relación y habría consignado como domicilio el sector de Agua Fresca, no obstante en una postulación paralela bajo el D.S. 1, ese mismo año, registró como domicilio el inmueble de calle Mejicana 916, que es la propiedad del diputado Riquelme y la misma dirección inscrita en los estatutos de las tres sociedades que ambos compartían: Magallania Capacitación Limitada, Magallania Asesorías Limitada y Magallania SpA.

La primera de esas empresas facturó más de $1.096 millones en órdenes de compra con organismos del Estado entre 2007 y 2025. Solo en 2022, el año en que se formalizó el reemplazo habitacional, las órdenes de compra alcanzaron los $24 millones. El Oficio N°64 concluye que, de haber declarado la información fidedignamente, Chicuy Godoy no habría podido acceder al subsidio, al no integrar la población más vulnerable del país a la luz de sus ingresos reales y de que su pareja era dueño de uno o más inmuebles. La vivienda le fue entregada físicamente en diciembre de 2023.

El segundo caso corresponde a Julia López, incorporada al proyecto Loteo Lomas del Bosque 3 mediante la Resolución Exenta N°614 del 19 de abril de 2022, también suscrita por Lleucún Uribe. Según consta en el Oficio N°64, López habría mantenido una relación de convivencia con Dubalio Pérez Ruiz, quien ejerció como director del SERVIU Magallanes entre abril de 2019 y el 1 de marzo de 2022, vínculo acreditado a través de dos hijos en común. López registraba el mismo domicilio que el exdirector en la calle Cosme Crema Maisto de Punta Arenas. El propio SERVIU concluye que estos antecedentes hacen presumir que la relación de pareja se mantenía invariable al momento de la postulación, y que, de haber declarado la situación familiar y patrimonial real, López tampoco habría podido obtener el beneficio.

El propio SERVIU, a través del Oficio N°64, expuso con crudeza lo que está en juego: Resulta difícil explicar que se haya beneficiado a alguien relacionado directamente con una autoridad y no a otra persona con una mayor urgencia habitacional, señala el documento, agregando que cualquier inconsistencia u omisión en el Registro Social de Hogares tiene como resultado dejar fuera o esperando a una familia que realmente lo necesita.

El proceso tuvo dos orígenes formales. Una denuncia presentada el 4 de mayo por Isabel Ojeda Saldivia, actual Jefa de Operaciones Habitacionales del SERVIU, y otra del 5 de mayo por Vanessa Higuera, presidenta de la Asociación de Funcionarios de Vivienda y Urbanismo. Sobre esa base, González Asenjo activó en paralelo la vía administrativa (con un sumario interno a cargo de la contralora interna Ana María Llach Salgado) y la penal, con las denuncias formales ante la Fiscalía Regional y el Consejo de Defensa del Estado.

Con la querella criminal ahora radicada en el Juzgado de Garantía, el caso abre un nuevo flanco para el diputado Riquelme. La acción solicita, entre otras diligencias, que la Brigada de Delitos Económicos de la PDI investigue los hechos, que la Contraloría Regional de Magallanes remita sus antecedentes, y que declaren ante el Ministerio Público las personas directamente implicadas, incluyendo a Chicuy Godoy, Lleucún Uribe, Ojeda Saldivia e Higuera. Lo que los documentos ya establecen es que el propio Estado, a través de su servicio habitacional en la región, consideró que los antecedentes eran suficientemente graves como para activar todas las vías disponibles: la administrativa, la penal y la civil.

A continuación puedes revisar la querella:

Redacción ZonaZero.cl