Un duro llamado de atención realizó la Contraloría General de la República a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), ordenándole adoptar medidas urgentes para emitir "a la mayor brevedad" el informe de uso consuetudinario del Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (ECMPO) "Kawésqar Última Esperanza". La determinación del órgano contralor acoge el reclamo presentado el pasado 24 de julio por Carlos Odebret Beyer, en representación de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, tras comprobarse que el servicio público ha sobrepasado con creces los plazos máximos contemplados por la ley.

Desde la perspectiva del ente fiscalizador, el extendido retraso administrativo vulnera los principios fundamentales de eficiencia, celeridad y pronta resolución que deben regir a toda la administración del Estado. La Contraloría enfatizó que la Conadi tiene el deber legal de dar curso y término a los procedimientos dentro de los márgenes previstos, remarcando que la paralización de otras solicitudes en el borde costero —mecanismo preventivo fijado en el artículo 10 de la Ley Lafkenche (N° 20.249)— es una medida estrictamente transitoria y no una condición indefinida.

El prolongado congelamiento de los trámites por parte de Conadi agrava la incertidumbre en la matriz productiva regional y afecta directamente el desarrollo socioeconómico de Magallanes. Al mantener en suspenso la evaluación del espacio costero en Última Esperanza, la inacción estatal frena no solo la proyección y expansión sostenible de la salmonicultura, sino también la inversión privada en general, restringiendo la generación de empleos locales y paralizando decisiones estratégicas para la economía regional que dependen del otorgamiento de concesiones acuícolas.

Frente a la fiscalización, la Conadi pretendió excusar sus demoras alegando problemas estructurales, como el diseño normativo sin financiamiento de la ley, las dificultades geográficas del territorio austral y la falta de personal técnico. Si bien la Contraloría descartó una "falta de diligencia" con intencionalidad arbitraria, desestimó que estas limitantes operativas justifiquen postergar indefinidamente la entrega del informe. Con esta resolución, el organismo de control impone un hito para destrabar los procesos, devolver la certeza jurídica que demanda el sector productivo e impedir que el rezago burocrático continúe impactando el dinamismo económico de la zona.