El Tribunal Constitucional (TC) acogió parcialmente los requerimientos contra la Ley de Reconstrucción Nacional y declaró inconstitucional la figura de las "micro-relocalizaciones", un mecanismo que permitía mover centros de cultivo de hasta 350 metros sin someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). La decisión también dejó sin efecto indemnizaciones estatales y normas tributarias asociadas.

Desde el sector acuícola gremial lamentaron profundamente el dictamen. Argumentan que las micro-relocalizaciones no buscaban eludir la normativa, sino ofrecer una salida técnica que garantizara la sustentabilidad de la actividad mediante el desplazamiento estratégico de las jaulas hacia zonas con mejores condiciones oceanográficas.

Pérdida de flexibilidad técnica: La gerenta de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, Francisca Rojas, sostuvo que las micro-relocalizaciones permitían buscar mayores profundidades y mejores corrientes marinas para favorecer la oxigenación de las zonas de cultivo.

Trabas estructurales al desarrollo: La gremial advirtió que, aunque actualmente no existen solicitudes de este tipo en trámite en Magallanes, la resolución se suma a la falta de un plan de manejo para la Reserva Nacional Kawésqar y a la tramitación de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), factores que hoy impiden el crecimiento de la industria en la zona austral.

Defensa fallida: Pese a la exposición del abogado Luis Cordero por SalmonChile —quien argumentó que el tema correspondía a un "desacuerdo de mérito" legislativo y no a una falta constitucional—, el tribunal optó por invalidar la norma.

El escenario instala incertidumbre operativa en el sector productivo austral, que ve cómo se reducen los márgenes de adaptabilidad frente a cambios en el lecho marino o imprevistos ambientales. Mientras las organizaciones ecologistas celebran la decisión del TC, la gremial insiste en que la parálisis regulatoria y el entrampamiento de tramitaciones territoriales terminan por asfixiar el dinamismo económico de Magallanes.

A esta complejidad se suma el reciente dictamen de la Contraloría General de la República respecto a la tramitación del ECMPO "Kawésqar Última Esperanza" —solicitado por la comunidad Grupos Familiares Nómades del Mar—, procedimiento cuya demora fue reclamada por los propios salmoneros debido a que, mientras dicha resolución permanezca inconclusa, se mantienen suspendidas todas las demás solicitudes sobre el borde costero en la zona.

El TC publicará los fundamentos y votos disidentes del fallo dentro del plazo legal.