En una acción destinada a resguardar el patrimonio del Estado y garantizar el uso adecuado de los recursos públicos, el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de la Región de Magallanes concretó la restitución de una propiedad fiscal en Punta Arenas que continuaba en poder de un exfuncionario de la institución.

El procedimiento se llevó a cabo luego de culminar las instancias administrativas y requerimientos legales correspondientes, orientados a regularizar la ocupación de un inmueble destinado originalmente al cumplimiento de funciones institucionales o al apoyo habitacional de funcionarios en servicio activo.

Regularización del patrimonio público

Desde la dirección del organismo estatal enfatizaron que las viviendas fiscales están sujetas a un marco normativo estricto y deben estar a disposición exclusiva de las necesidades operativas de la repartición o de quienes mantengan un vínculo laboral vigente con la misma.

Con la recuperación del inmueble, Serviu Magallanes reincorpora la propiedad a su inventario para destinarla a los fines institucionales pertinentes, marcando un precedente en la fiscalización y restitución de bienes del Estado en la región.

El caso reabre el debate sobre el control y la fiscalización de los bienes raíces estatales en la región, una materia que ha estado bajo la lupa de los órganos fiscalizadores para evitar ocupaciones irregulares o prolongadas tras el cese de funciones. Fuentes del sector señalan que este tipo de diligencias busca sentar un criterio riguroso respecto a la administración del patrimonio público, asegurando que cada inmueble cumpla estrictamente con la función social o administrativa para la que fue asignado.

Tras la restitución efectiva de la propiedad, la repartición iniciará un proceso de evaluación técnica para determinar el estado de la infraestructura y coordinar los trabajos de conservación o reparación que sean necesarios. Una vez reacondicionada, la vivienda quedará nuevamente a disposición de la nómina institucional para ser asignada bajo los conductos regulares y los criterios de prioridad establecidos por la normativa vigente.