El Gobierno argentino presentó una denuncia formal y anunció el inicio de acciones legales contra la compañía británica Thales UK Limited, acusándola de realizar operaciones aéreas no autorizadas entre las Islas Falkland (Malvinas) y la ciudad de Punta Arenas. La presentación diplomática y jurídica reabre la tensión en la zona austral a raíz de los enlaces aéreos y logísticos que conectan al archipiélago con la Región de Magallanes.

Según la postura formulada por la Cancillería trasandina, la firma del Reino Unido habría concretado trayectos aéreos sin contar con los permisos ni las autorizaciones correspondientes del espacio aéreo argentino. Frente a esta situación, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Argentina instruyeron la apertura de un procedimiento administrativo y penal para aplicar sanciones económicas y restrictivas contra la operadora.

La ofensiva comunicacional y diplomática se enmarca en un endurecimiento generalizado de la postura de Buenos Aires respecto a la actividad británica en el Atlántico Sur. En el mismo anuncio, la Casa Rosada otorgó un plazo de dos semanas a las empresas petroleras internacionales para paralizar los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en el área de la Cuenca Malvinas Norte —como el proyecto Sea Lion—, advirtiendo que de no detenerse las faenas recurrirán a un arbitraje ante la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y el Tribunal Internacional de Hamburgo.

El reclamo por los vuelos hacia Punta Arenas vuelve a poner bajo la lupa la conectividad logística magallánica, justo en momentos en que autoridades locales e insulares se encuentran impulsando el restablecimiento y potenciamiento del intercambio comercial e itinerarios marítimos y aéreos entre la capital regional y el archipiélago.