El Gobierno de Chile ha salido a marcar una posición oficial frente al revuelo generado por la posible apertura de una nueva ruta marítima comercial entre Punta Arenas y las Islas Malvinas. El canciller Francisco Pérez Mackenna fue enfático al desdramatizar el impacto geopolítico del proyecto, señalando que se trata estrictamente de un acuerdo entre privados que deberá someterse a la legislación vigente.

Con estas declaraciones, La Moneda busca distanciar la iniciativa de las decisiones de Estado y descartó cualquier intención de frenar las conversaciones comerciales, precisando que el rol de la Cancillería se limitará a fiscalizar el cumplimiento de las normas del país.

La postura diplomática se conoce un día después de que este medio informara sobre los avances del acuerdo entre la Corporación de Desarrollo de las Islas Malvinas y la naviera chilena Easter Island, el cual proyecta iniciar operaciones de transporte marítimo a partir de noviembre. La iniciativa resulta de alto valor logístico para el archipiélago insular, ya que actualmente su principal enlace marítimo con Sudamérica opera desde Montevideo, Uruguay, a unos 2.000 kilómetros de distancia.

De concretarse este trayecto directo desde la Región de Magallanes, la distancia marítima se reduciría aproximadamente a la mitad, facilitando el intercambio de productos y servicios con el mercado chileno.

Sin embargo, el despliegue del proyecto ocurre en un momento especialmente delicado para las relaciones bilaterales entre Santiago y Buenos Aires. Las negociaciones privadas se desarrollan en paralelo a la reciente polémica por los cuestionamientos de altas autoridades militares trasandinas respecto a la soberanía en el Estrecho de Magallanes, sumado a los recientes anuncios de la administración de Javier Milei orientados a endurecer los controles y desalentar la explotación de recursos en el territorio insular.

Pese a que analistas anticipan que la aplicación del Decreto 256 argentino sobre navegación hacia las islas podría derivar en un nuevo roce diplomático, la Cancillería chilena insistió en que no existen motivos para un riesgo bilateral mientras el proyecto se mantenga dentro del marco legal.