En el complejo tablero de la educación pública de Magallanes, donde el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) navega entre la desidia, la falta de gestión y una crisis presupuestaria aplastante, la máxima autoridad educacional de la región ha vuelto a encontrar a su culpable favorito: el profesorado.

Tras semanas de silencio e inacción frente a los graves problemas estructurales que asfixian a las aulas australes, el Seremi de Educación, José Raúl Alvarado, reapareció en la escena pública. Sin embargo, lejos de asumir responsabilidades o tender puentes de diálogo para mitigar la debacle del sistema, la autoridad optó por desempolvar su guion más recurrente: juzgar, criticar y apuntar con el dedo a las y los docentes.

Esta vez, el foco estuvo en el elevado número de licencias médicas. Para Alvarado, la parálisis del sistema no pasa por recortes presupuestarios, por la administración del SLEP ni por la incapacidad técnica para gestionar reemplazos a tiempo. No. La culpa —según su relato— recae en los profesionales que cometen el "pecado" de enfermarse.

En sus intervenciones, el Seremi expone las licencias médicas con un halo de sospecha implícita, catalogando de manera generalizada el ausentismo como el único mal que destruye la continuidad educativa. Bajo este enfoque, enfermarse parece ser un lujo prohibido para el gremio docente. La narrativa oficial impulsada por la seremía roza una suerte de aversión sistemática hacia el profesorado: en lugar de entender el agotamiento mental y físico de trabajar en condiciones paupérrimas, la autoridad prefiere instalar un discurso poco amigable.

Mientras los establecimientos batallan a diario para cubrir aulas vacías, el seremi se ha limitado a actuar como un crítico de mesa que observa el incendio de lejos y culpa a los bomberos por cansarse.

Difícil, por no decir imposible, resulta arreglar las profundas grietas de la educación pública en Magallanes cuando quien lidera la cartera solo tiene reproches para quienes enseñan.

Pareciera que cada declaración de José Raúl Alvarado no hace más que profundizar el desánimo en las salas de profesores y amplificar la sensación de desamparo en las comunidades escolares. Sin autocrítica, sin gestión real y con un discurso enfocado en la persecución de quienes hacen las clases, la educación pública magallánica sigue quedando a la deriva, rehén de una autoridad que prefiere señalar culpables antes que gobernar para las soluciones.

Con esta postura, el titular de la cartera educativa desvía convenientemente la atención de los problemas de fondo que mantienen en jaque a la región: una administración del SLEP lenta y fracturada, presupuestos acotados que impiden una gestión fluida y un déficit de profesionales que excede por mucho la coyuntura de la salud docente. Al calificar y apuntar a los docentes como los principales responsables del deterioro de la continuidad escolar, la autoridad deja al descubierto su escasa disposición para abordar de raíz las falencias del modelo, prefiriendo simplificar una crisis estructural en un problema de voluntad o de "mal uso" por parte del personal.

Así, la brecha entre la autoridad regional y las aulas de Magallanes no hace más que profundizarse. En lugar de ofrecer soluciones concretas, establecer mesas de trabajo efectivas o transmitir tranquilidad a los apoderados y comunidades escolares, las intervenciones de Alvarado reafirman un patrón desolador: el de una administración centrada en la fiscalización del síntoma y el juzgamiento de sus propios colegas, mientras la educación pública regional se hunde en la incertidumbre y el abandono.