En una columna de opinión publicada este fin de semana, Carlos Sánchez, presidente regional del Partido Nacional Libertario (PNL), criticó duramente la postura del actual gobierno de José Antonio Kast frente a la administración de la Zona Franca de Punta Arenas. Según plantea el dirigente, la actual estructura de concesión y fiscalización no cuenta con una base legal sólida, sino que responde a una delegación realizada mediante un decreto presidencial firmado por el Ejecutivo en enero de 2023, la cual traspasó facultades al Gobierno Regional de Magallanes.

Sánchez señala que, tras la llegada del nuevo Gobierno en marzo de 2026, mantener dicho esquema equivale a una decisión política que posterga las reformas necesarias.

Como argumento central, cita un estudio técnico vinculado al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que concluye que el modelo comercial vigente está agotado. Entre las falencias mencionadas figuran la ausencia de un regulador tarifario independiente, una Junta Arbitral sin ejercicio práctico de su jurisdicción y vacíos en el seguimiento legal del sistema.

El dirigente cuestiona que, pese a este diagnóstico y al hecho de que la Zona Franca representa más del 14 % del PIB regional de Magallanes, las autoridades actuales —incluyendo al seremi de Hacienda, Manuel José Correa— mantengan una postura pasiva permitiendo que la misma administración que condujo al agotamiento del modelo lidere las propuestas para el periodo posterior a 2030.

Al mismo tiempo, Sánchez exige claridad institucional al Gobierno central y la revisión inmediata del decreto de delegación para resguardar el futuro de este estratégico motor económico.

Además, el dirigente enfatizó que la discusión sobre la Zona Franca no debe centrarse únicamente en renovar contratos o ajustar incentivos con los actuales operadores, sino en redefinir de manera profunda quién asume la responsabilidad de la toma de decisiones y qué garantías institucionales se ofrecerán a la región a partir de 2030. En esa línea, remarcó que prolongar el actual modelo no constituye un acto de prudencia administrativa, sino una omisión deliberada que pone en riesgo un patrimonio económico indispensable para el desarrollo socioeconómico de la Región de Magallanes.